A diferencia del Senado, donde fue aprobada por unanimidad, la iniciativa contó con 227 votos a favor y tres en contra (dos del interbloque Frente de Izquierda y el macrista Federico Sturzenegger). El bloque Unidad Popular, de Claudio Lozano, se abstuvo.

Además del Frente para la Victoria y sus aliados del Movimiento Popular Neuquino, el PJ La Pampa y el Frente Cívico por Santiago, acompañaron el proyecto la UCR, el FAP, el Frente Renovador, el resto de Unión Pro, Compromiso Federal, UNEN y la Coalición Cívica-ARI.

Si bien el grueso de la oposición acompañó la ley en general, planteó objeciones como el parentesco de este régimen con la rebaja de aportes patronales dispuesta por el exministro de Economía Domingo Cavallo en los 90.

También hubo advertencias por el impacto que tendría esta medida en el sistema previsional y la presión fiscal que hoy deben soportar las pymes, además de los niveles de trabajo en negro dentro de la propia estructura estatal.

Sin embargo, el oficialismo se encargó se asegurar que la norma no incidirá en los fondos de la Anses ni tampoco afectará los derechos de los trabajadores, tal como sucedió en el menemismo cuando las rebajas de las cargas laborales eran para todos los empresarios, sin restricciones y con consecuencias sobre las indemnizaciones.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde (FpV) abrió al debate y remarcó que el proyecto significa “un paso cualitativo” en el combate al trabajo en negro.

“Nos podemos equivocar, pero nadie puede negar el rumbo que tiene este proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericano”, enfatizó.