Tras varias semanas de discusiones y reuniones con los distintos actores involucrados, este jueves por la tarde se transformó en ley en la Legislatura bonaerense el proyecto que regula las relaciones laborales y negociaciones colectivas de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, derogando así la ley 11.757 tan cuestionada por los representantes del sector y contemplando la obligatoriedad de establecer paritarias en cada municipio para discutir salario y condiciones de trabajo.
Sin contar con el apoyo del massismo, desde donde se remarcó que con esta iniciativa no se están garantizando las autonomías municipales, ya que, se remarcó, son los municipios los que tendría que determinar estas cuestiones, el oficialismo salió a buscar consenso en los legisladores de la UCR y el GEN-FAP, quienes, tras conceder el bloque FpV algunos aportes que propusieron, acompañaron el proyecto para que el mismo, con las modificaciones realizadas, pase nuevamente a Diputados, donde finalmente se transformó en ley.
Detalles de la ley
Durante el tratamiento en la Cámara Alta, la jefe del bloque oficialista, Cristina Fioramonti catalogó la sanción de la ley como “un avance sin precedentes”, destacando los “aportes constructivos” de los senadores de los mencionados bloques opositores.
Dentro de lo que establece la norma, se crea un régimen marco del empleado municipal, se regula la negociación colectiva (paritarias), formándose para esto un “Consejo del empleo municipal” que funcionará como órgano consultivo, en tanto que se contempla un régimen supletorio del régimen municipal que entrará en vigencia en aquellos municipios donde la Ordenanza Marco de Empleo Municipal no haya sido dictada al vencerse los plazos para su sanción , o bien si esa norma que tiene que ser emanada en cada Concejo Deliberante, no estipula todos los derechos que erige la flamante ley provincial.
En este sentido, Fioramonti afirmó que con esto se trata de “devolverle a los municipios algo que le es propio”, y que se apunta a “respetar las autonomías municipales”. “Es una deuda la autonomía plena de los municipios”, reconoció la senadora, aunque consideró que, con la sanción de esta ley, se empieza a cumplir en la esfera laboral.
“Avanzar contra las autonomías municipales”
A diferencia de lo expresado por la jefa del bloque FpV, el senador massista Jorge D’ Onofrio afirmó que con esta ley “no se le está dando el valor que tiene al artículo 123 de la Constitución Nacional”, el cual señala que “cada provincia dicta su propia constitución, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.
De esta forma, al afirmar que no se están garantizando las autonomías municipales, D’ Onofrio expresó que “son los municipios los que tienen que determinar estas cuestiones”, ya que en la provincia existen “135 realidades diferentes”, agregando que, sin recursos, muchos municipios no van a poder aplicar esta ley y van a terminar siendo “meras agencias de pago de subsidio por desempleo”.
“No podemos avanzar contra las autonomías municipales”, insistió el jefe de bancada del Frente Renovador, en sintonía con lo que han expresado durante las últimas semanas muchos intendentes, también del oficialismo. “Espero que esta ley no termine siendo una trampa para los municipios bonaerenses”, cerró el senador massista al fundamentar el rechazo de su espacio.
“Encontrar el equilibrio”
Distinta fue la postura del senador Carlos Fernández (UCR), quien subrayó que se llegó a “sancionar la ley posible”, mientras que, al tomar el planteo constitucionalista de D’ Onofrio, reconoció la “tensión entre dos derechos de raigambre constitucional”, uno efectivamente planteado por el artículo 123 (autonomías municipales) y otro contemplado por el artículo 14 bis (derechos del trabajador).
En este aspecto, al afirmar que la intención fue “encontrar el equilibrio”, Fernández estimó que “esta tensión ha quedado resuelta en la ley”, proyecto que observó que “no es el mejor de todos, es el posible”. Asimismo, aseveró que “es un avance con respecto a lo que tenemos (ley 11.757)”, norma que aún está en vigencia y a partir de la cual señaló que se cometieron muchos “abusos” con los trabajadores municipales.
Ishii se abstuvo
Más tarde, y esta vez sin su barra, el senador Mario Ishii (unibloque PJ-Néstor Kirchner), tras autoelogiarse por ser “el único que redactó un proyecto de paritarias” en el Senado y destacar los pases a planta permanente durante su intendencia en José C. Paz, afirmó que “hay municipios que no pueden pagar” y al “no poner topes” al momento de la negociación “se tapa un problema y se abre otro”. De todas formas, afirmó que “nunca voy a levantar la mano en contra de los trabajadores”, por lo que se abstuvo de votar.
En Diputados
Con la aprobación del Senado, el proyecto modificado llegó a Diputados, donde el impulsor de la iniciativa, Hernán Doval (FpV) afirmó que el proyecto “no ha tenido grandes modificaciones” que aquel que obtuvo media sanción en ese recinto el 24 de septiembre pasado, agregando que “es un proyecto que amplía y restituye derechos”. Asimismo, tras subrayar que la norma fue motorizada desde el Frente para la Victoria, Doval sentenció: “Es una ley digna de Néstor (Kirchner)”, aseveración que generó el malestar de algunos diputados que, de todas formas, acompañaron la iniciativa.
Aquí, al igual que en el Senado, el Frente Renovador expresó su negativa, aunque de todas formas no incidió para que el proyecto pueda convertirse en ley. Tras la sanción, estalló el festejó a la afueras del Palacio Legislativo, donde empleados nucleados en la Federación de Trabajadores Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo) estaban siguiendo las alternativas del tratamiento.
Modificaciones y plazos
A partir de esta sanción, una vez que sea reglamentada la ley, los municipios tendrán un plazo de 180 días para adecuarse a la misma, mientras que, entre las modificaciones realizadas, resalta aquella por la cual los municipios tienen que cumplir de forma gradual y en el plazo de cinco años el punto que establece la regularización de aquellos empleados que está contratados o en planta temporaria, contemplando el 20 por ciento como límite en lo que refiere a trabajadores que no están en planta permanente.




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