A mediados de diciembre, grande fue la sorpresa de Juan, un jubilado entrerriano de 82 años que vive en una zona rural de Crespo, a 30 kilómetros de Paraná, cuando le pasaron por abajo de la puerta una multa por manejar hablando por teléfono en la Ciudad de Buenos Aires. No resultaría un hecho llamativo proviniendo de una ciudad donde se labran más de 6 mil infracciones por mes. Salvo por dos particularidades: en la última visita porteña de Juan, el jefe de Gobierno era Fernando De la Rúa; y que no tiene celular.

El caso de Juan llegó a oídos del Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay. Y lejos estuvo de ser el único. El funcionario jura haber recibido “más de 327 presentaciones” en los últimos tres meses. Tampoco es un fenómeno exclusivo de Entre Ríos. En lo que va del año, hay reportes de 269 “multas truchas”, tal como ya las bautizaron los medios locales, en quince provincias -desde Salta a Tierra del Fuego–, según relevó la Defensoría de la Ciudad, donde arribaron gran parte de las denuncias. Pero no se centralizaron todas las documentadas, sumado a otro centenar que aún no fue computado. Igual, el número adquiere importancia si se lo compara con las 132 actuaciones similares encaradas en 2011: con apenas dos meses se duplicó lo que se recibía en todo un año.

“Esta problemática la hemos detectado hace un par de años, pero nunca con este volumen de actuaciones”, relató la letrada de la Defensoría, Lorena Sandoval. Y completó: “Luego de la presentación y que interviene la comisión controladora, en el 90% de los casos le dan la razón al vecino”. Según las presentaciones, hay errores tanto en foto-multas como en actas de infracción, a cargo de agentes policiales.

Más allá de algunas menciones de autos mellizos, en la gran mayoría de las denuncias radicadas en las Defensorías del Pueblo en el interior se repite la misma justificación: “No estuve en Buenos Aires en esa época”. Pero hay otras excusas. “En las foto multas, no se alcanzan a ver las patentes o no coinciden el número, el modelo o el color del vehículo fotografiado con el del denunciante”, enumeró el entrerriano Garay.

Incluso hay casos insólitos, cuenta el defensor entrerriano, como la multa que le llegó a un paranaense fechada 8 días antes de que retirara su flamante auto 0 kilómetro de la concesionaria. Garay reconoció que cuando la problemática llegó a los medios, las denuncias se multiplicaron.

Del relevamiento de El Cronista, Entre Ríos posee la mayor cantidad de casos. A tal punto creció el malestar que el diputado provincial Jorge Monge (UCR) logró aprobar en diciembre que la Legislatura iniciara un reclamo ante el gobierno de Mauricio Macri. Aunque no fue la única embestida oficial contra la administración PRO. Anteayer el municipio fueguino de Río Grande intimó al porteño a que “rectifique las multas apócrifas de tránsito”, que calculan en 350. La problemática y el silencio macrista, el cual tampoco El Cronista pudo romper (ver aparte), alimenta las suspicacias políticas. “No creo que sea equivocación sino que es un mecanismo de recaudación”, denunció el diputado por Tierra del Fuego, Rubén Sciuto (FpV).

Sin brindar demasiadas explicaciones, desde la Subsecretaría de Transporte porteño desestimaron la explicación recaudatoria. “Son notificaciones, pueden elegir no pagarlas”, minimizaron.

En menor medida, el aluvión también se vive en Córdoba. “Entre llamados telefónicos y reclamos personales, recibí 30 reclamos en los últimos 10 días”, contó Guadalupe Carcetti, agente de atención al público de la defensoría de la capital mediterránea. Y sumó que el principal problema es que, para realizar el descargo de la infracción, sus coterráneos están obligados a viajar a la Ciudad.

En San Juan ocurre lo mismo. Un ejemplo: a un empresario le llegó el acta número B13384828 por “conducir utilizando celular / Auricular” por un Ford Fiesta y él jura no haber venido nunca a Buenos Aires. “Son 180 pesos y no sé si eso se incrementa si no pago o no hago algo”, le relató al diario El Tiempo de San Juan.