Los cuatro ocupantes de la sala Alberdi del Centro Cultural San Martín se retiraron del lugar, luego de ser identificados por la Justicia, informaron autoridades del gobierno porteño.

Pasada la medianoche, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, informó que la sala estaba siendo liberada, que los ocupantes se avinieron a ser identificados como pedía la Justicia y que serían revisados por médicos legistas que están en el lugar.

Más tarde, pasadas las 4, después de horas de expectativa, los cuatro ocupantes, tres hombres y una mujer, dejaron el edificio. "Salen por propia voluntad", aseguró Luis Zamora, abogado de los manifestantes, que apoya a los ocupantes.

Más tarde, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, anunció en una conferencia de prensa convocada en el sexto piso del edificio, que los ocupantes "dieron cumplimiento al fallo que emitió el viernes la Sala I de la Cámara contravencional porteña".

Se refirió así a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad que rechazó la apelación presentada por los ocupantes y ordenó el inmediato desalojo de sus instalaciones. El pedido lo había realizado la fiscal, Claudia Barcia.

"Ahora hay una discusión judicial que seguirá", explicó Zamora. "Pero no salen detenidos, no hay imputación contra ellos. No son sospechosos por ningún delito. Se los identificó y están pidiendo no tener antecedentes. Saldrán caminando como cualquiera de nosotros", expresó minutos antes de que los cuatro jóvenes dejaran el edificio.

Y agregó: "Es miserable que se los trate de 'ocupas'. Tienen toda la fuerza del apoyo del mundo artístico. Sienten que están defendiendo un proyecto que vale la pena para la Ciudad y están convencidos de eso. La convicción sirve más que las balas de goma", concluyó.

La propuesta de los manifestantes era que el gobierno porteño les asignara una sala cercana al Centro Cultural San Martín, y un comodato con cargo para gestionar la sala. Si esa propuesta era aceptada, los cuatro ocupantes aceptarían abandonar la sala de forma voluntaria, y luego dar sus datos a la Justicia, con la condición de que no pesara sobre ellos carga penal alguna.

Fuera del edificio, unos 200 manifestantes que apoyan a los ocupantes armaron un vallado con tapas plásticas de los contenedores de basura, en medio de la calle Paraná. Efectivos de la Policía Metropolitana se encontraban a 50 metros, sobre la misma arteria, en pleno centro porteño.

La sala es el centro de una larga disputa judicial, agravada por la presencia de los ocupantes a quienes el gobierno porteño no reconoce como trabajadores o empleados. Entre otras cosas, los ocupantes pedían que se les garantizara "el libre acceso a la sala" y se los reconociera como "tutelares del espacio".