Los ajustados números de la provincia de Buenos Aires y la necesidad de alimentar cajas políticas, están llevando a la Jefatura de Gabinete, que preside Alberto Pérez, a impulsar un polémico proyecto que implicará lisa y llanamente meterle la mano en el bolsillo a docentes y empleados públicos de la Provincia.

Concretamente, según pudo saber nuestro diario, tras las primarias del 11 de agosto, el oficialismo intentaría que se apruebe en el Senado bonaerense, entre gallos y medianoche, un controvertido proyecto mediante el cual se establece un nuevo Régimen de Deducción de Haberes.

Entre otros puntos, la iniciativa crea un Registro Único de Entidades habilitadas para dar créditos y realizar descuentos al personal de la administración pública provincial, como así también a los jubilados del Instituto de Previsión Social bonaerense.

Este registro será instrumentado por una comisión que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, que estará integrada por autoridades de IPS y de la secretaria de Personal y Política de Recursos Humanos de la Provincia. Esta comisión, según se desprende del proyecto, tendrá facultades discrecionales para asignar códigos de descuento y determinar su ámbito de validez para los organismos y entidades alcanzadas por el nuevo régimen: mutuales, cooperativas, entidades ofi­ciales, entidades bancarias y asociaciones gremiales.

En otras palabras, se creará una millonaria caja que será administrada por un funcionario político, con facultades discrecionales para habilitar el ingreso de entidades bancarias o financieras –que actualmente esta excluidas por la normativa vigente- que podrían ha­cer oscuros negocios mediante la usura.

Existen sospechas de que se busca desplazar a entidades de la economía social, que actualmente prestan servicios y asistencia a sus afiliados y asociados, para que en su lugar ingresen financistas amigos del poder político que podrían vaciar la oferta crediticia del sistema para, una vez obtenido el control monopólico, prestar dinero a tasas mucho más altas que las actuales.

En ese sentido, un punto clave está dado por el artículo 3 del proyecto que establece que la deducción por el pago de obligaciones dinerarias o cualquier otro concepto no podrá exceder el 30% del salario de los trabajadores. Actualmente, el tope es del 20% y fue instituido por el decreto 754 del año 2000 para ponerle un freno al negocio de la usura en la administración pública ya que, por la falta de regulación, se aplicaban intereses escandalosos que llevaban a que estatales y docentes terminaran cobrando cifras negativas.

El tope estaba inspirado en un decreto del año 1943, cuando el vicepresidente de la República era Juan Domingo Perón y estableció que el sueldo de los empleados públicos resulta inembargable cuando se trata de deudas originadas en préstamos de dinero. La jurisprudencia mayoritaria, con el correr de los años, reinterpretó esa norma y estableció el límite del 20% (la única excepción son las deudas de carácter alimentario), que ahora busca ser modificado arbitrariamente en la Provincia.

Caja política

La necesidad de crear cajas políticas con el dinero de los trabajadores queda expuesta en el articulo 13 del proyecto impulsado por el Jefe de Gabinete que establece que las entidades que formen parte de este nuevo régimen deberán abonar –en concepto de compensación- a cada organismo de la administración pública provincial encargado de prestar el servicio, hasta el 1% de la totalidad de las sumas retenidas mensuales. El proyecto no establece ninguna asignación específica de ese dinero. En otras palabras, podrá ser utilizado discrecionalmente para fines políticos.

Un intento recurrente

Las entidades habilitadas para obtener códigos de descuentos en la Provincia están regidas por el decreto Decreto 754/00 que, entre otros puntos, establece el tope del 20%.

Esta normativa, en el año 2006, buscó ser modificada por el entonces gobernador Felipe Solá y su ministro de Gobierno, Florencio Randazzo, que firmaron el decreto 2254 que llevó el tope de descuentos al 40%. Y estableció la creación en el ámbito de la Contaduría General de la Provincia del el “Registro de Entidades” en el que debían inscribirse aquellas entidades que deseen incorporarse a la operatoria.

Como era de esperar, el decreto generó un verdadero escándalo y ante las denuncias de las entidades representativas de los trabajadores, que alertaron por el negocio usurero que escondía la normativa impulsada por Solá, en el año 2007 -unos días antes del cambio en el gobierno provincial- el régimen en cuestión fue derogado y se restableció la validez del decreto 754/00.

Evidentemente, en la Jefatura de Gabinete bonaerense tomaron nota de la magnitud del negocio que quedó a medio camino. Y por eso, mientras la opinión pública está concentrada con las elecciones, buscan implementar un régimen muy similar al que quiso imponer quien hoy es candidato a diputado nacional en la lista de Sergio Massa.