El presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia, Gonzalo Sagastume, aconsejó ayer a sus pares desestimar sin más trámite la denuncia por presuntas firmas falsificadas de al menos dos jueces y un secretario en expedientes judiciales, presentada por el abogado de Buenos Aires Alberto Bovino.

Sagastume dictaminó de ese modo en el informe de presidencia realizado en torno a la denuncia, de acuerdo a los procedimientos legales para este tipo de casos, aunque los consejeros aún no votaron si comparten ese criterio y se tomaron hasta el martes 30 para analizar la cuestión.

El dictamen del también juez del Superior Tribunal de Justicia propicia que la acusación de Bovino involucrando a los actuales jueces del Tribunal Oral de Ushuaia Maximiliano García Arpón y Roberto Jorge Magraner, se desestime sin llevar a cabo una pericia caligráfica oficial sobre las firmas presuntamente falsas.

Este punto es polémico porque el denunciante presentó días atrás ante el Consejo, una pericia encargada a un perito calígrafo de Buenos Aires, Gastón Federico Latour, cuya conclusión fue que las rubricas sometidas al examen están falsificadas.

Según el informe de Sagastume, el ámbito del Consejo de la Magistratura no es el adecuado para practicar una pericia, sino que ello debe realizarse en el marco de la causa penal donde también se ventilan los hechos.

“Entiendo que ese es el marco legalmente adecuado a través del cual finalmente, podrá establecerse la veracidad de los hechos denunciados, ámbito que garantiza una investigación de mayor amplitud que aquella que podría instrumentarse en el acotado trámite previsto por la ley que rige el funcionamiento de este Consejo”, advierte el dictamen del juez.

En el mismo sentido, señala que si el Consejo accediera a llevar a cabo esta medida de prueba (la pericia) “potencialmente implicaría poner en riesgo el normal funcionamiento de los tribunales provinciales” y “se sentaría un delicado precedente, pues ante cada nueva denuncia de similar tenor, se debería habilitar la elaboración de más pericias”.

Sin embargo, unos párrafos después y en un mensaje que parece contradecirse con el anterior, el mismo informe señala que “resulta obvio señalar que si el juez de instrucción no ordena la producción de tal pericia, este Consejo podrá, de considerarlo pertinente, impulsar su realización por otra vía procesal”.

Además, el escrito aclara que si la Justicia penal llegara a demostrar la existencia de delito en este caso, entonces sí el Consejo podría intervenir nuevamente para –ahí si– impulsar un jury de enjuiciamiento contra los jueces involucrados.

Críticas a la denuncia

El informe de Sagastume leído en voz alta delante de otros cuatro consejeros (estuvieron ausentes el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre y el ministro jefe de gabinete Sergio Araque) dedicó varios párrafos a cuestionar la forma en que Bovino, un letrado de prestigio ligado al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó la denuncia sobre las presuntas firmas falsas.

“La vaguedad de los términos utilizados en la presentación y su intrincada redacción, no me permiten establecer con precisión cuál es el incumplimiento que les atribuye a los denunciados. El texto utilizado no es de fácil comprensión”, ataca el magistrado.

Y en relación al peritaje aportado por Bovino (indicando que las firmas son efectivamente falsas) el escrito argumenta que las rúbricas fueron tomadas de fotocopias de expedientes, y agrega que esa pericia “no puede desplazar las que eventualmente se ordenen en la instancia judicial”.

Los consejeros, incluido el abogado de Ushuaia Federico Bilotta Ivandic (que juró ayer en el cargo) resolvieron llevarse copia del informe de Sagastume y analizarlo hasta la próxima sesión del organismo, prevista para el último día del mes de septiembre. Esa jornada seguramente se realizará una votación para definir la decisión final del cuerpo.