Una vez más, el Gobierno se prepara para abrir su billetera de par en par y gastar hasta el último centavo del Tesoro Nacional, para contener a la tropa alineada de cara a los próximos comicios presidenciales de 2015. La decisión no sorprende, durante más de una década el kirchnerismo ha utilizado la obra pública como un sistema de premios y castigos para mantener a los miembros del partido bien disciplinados. Lo llamativo, sin embargo, es la envergadura que ese sistema tendrá el año próximo: el presupuesto para esa área será un 47% mayor que el de 2014.

La cifra se desprende del proyecto de presupuesto presentado hace sólo una semana ante la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa faculta al Ejecutivo nacional a emitir deuda por la astronómica suma de 50.331 millones de dólares, una cantidad muy superior a las corroídas reservas del Banco Central de la República Argentina. La Ley de Leyes establece que las asignaciones con que contará el área sean un 47,6% más altas que las dispuestas para el corriente año, previstas en poco más de 34.000 millones de dólares.

El monumental incremento sólo se explica en el marco de la contienda electoral que tendrá lugar el año próximo, el último al mando de Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá abandonar su cargo ante la imposibilidad constitucional de gobernar el país un tercer período consecutivo. En cualquier caso las cifras son irrisorias, más aún teniendo en cuenta que el país tiene vedado el crédito internacional debido al default y la fallida negociación con los fondos buitre.

El listado de obras públicas previstas para 2015, conocido en el ámbito legislativo como “planillas de la felicidad”, es extenso y en él figuran varios cientos de proyectos que, en teoría, se llevarán a cabo en todos los rincones del país, para satisfacer las demandas de gobernadores, intendentes y legisladores. Sin embargo, el Gobierno controla los montos con libertad y posee la potestad de reasignarlos o establecer nuevas prioridades, las que siempre maneja con discreción de acuerdo a sus propios intereses políticos.

Entre las más ambiciosas previsiones kirchneristas figura la construcción de varias centrales nucleares, por un total de 11.000 millones de dólares; y las cuestionadas represas Néstor Kirchner, Jorge Cepernic y Chiuido I, entre otras, que se construirán en Santa Cruz y costarán otros 9.000 millones más. También se prevé la construcción del gasoducto para el Noreste y la ampliación de otros existentes, por 6.000 millones de dólares y otros 5.000 millones para “obras energéticas”. La lista continúa, pero en muchos casos es simplemente irrisoria: al menos unas 300 obras sólo cuentan con un presupuesto de 1 millón de dólares, una cifra meramente simbólica utilizada para inflar el sospechoso listado de obras.

Todo indica que de cara a 2015, el Gobierno K está dispuesto a desfundar todas sus antiguas y más nefastas tácticas en busca de retener todo el poder que pueda una vez que Cristina Fernández abandone el sillón presidencial.

La década de despilfarro K

En los últimos diez años el gasto público argentino creció once veces. En 2004, el gobierno conducido por Néstor Kirchner administró 64.200 millones de pesos, diez años después, el de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner; cuenta con 751.000 millones. Por su impericia y corrupción, el kirchnerismo dejó pasar una oportunidad única y hoy millones de argentinos sufren las consecuencias de diez años de esas pésimas políticas.

La realidad indica que un elevado gasto público no es, de por sí, ni bueno ni malo, sino que lo importante es conocer cómo se componen esas ejecuciones y, por lo tanto, la calidad del mismo. Las últimas cifras oficiales publicadas por la Contaduría General de la Nación, correspondientes a 2013, revelan que las prioridades del Gobierno argentino estuvieron dirigidas a los subsidios y la publicidad oficial, entre otras áreas: ambos segmentos experimentaron subas del 73 y el 84% entre lo presupuestado en enero y lo devengado en diciembre, respectivamente.

El desmedido aumento del gasto público es uno de los principales problemas que enfrenta el Gobierno y queda claro que, lejos del relato oficial, los fondos del Estado fueron brutalmente malgastados durante una década.