Más allá de todo lo que queda en evidencia, nadie le pone el cascabel al gato. Ya no es Rubín solo el responsable, sino quienes formando parte de un cuerpo colegiado dejan hacer. Se sigue mostrando predilección hacia maniobras que acentúan el descrédito del proceso de selección de jueces sin que haya reacciones. Por lo pronto, el Consejo sigue sin integrarse en legal forma con el miembro suplente del Superior. En el Jury se da otra curiosidad. Hay suplente pero nunca juró ni por tanto asumió, y ambos organismos constitucionales son manejados por una misma y única funcionaria judicial que es a la vez, y entre otras cosas, Secretaria del Superior Tribunal.

En los corrillos judiciales comentan hace tiempo que para el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín, el llamado a concurso para cubrir cargos le parecería sólo un paso protocolar que lo obliga a cumplimentar sólo algunos de los pasos establecidos.

Esto se refleja con lo ocurrido para la convocatoria a concurso para un Juzgado de Paz en la localidad de Santa Rosa, cuyo edicto fue publicado en el suplemento Economía y Negocios del diario La Nación, dejando espacio para que quienes observan su accionar tengan mayor argumentación a la hora de cuestionarlo como titular de la Corte provincial.

¿Cómo se explica este desliz? Tanto más sugestivo cuando en el orden local no se realizan las publicaciones de rigor, acaso como si se creyera que es mejor buscar un juez de Paz a través del diario La Nación.

Con lo que se puede observar en el facsímil (ver aparte), queda probada la publicación de la convocatoria en el suplemento del medio informativo porteño, que provocó la frase dentro del ámbito tribunalicio que postula: "En Corrientes hace (Rubín) las cosas a escondidas y publica en Buenos Aires". Lo grave es que el Presidente comparte responsabilidades en el Consejo, aunque nadie parece dispuesto asumir su rol para encausar un órgano que languidece con más pena que gloria.

Hay otros que ahondan con mayor severidad ante estas muestras y se animan a acompañar a los que aseguran que el Presidente "sigue en la idea de manipular los concursos y digitar las designaciones".

MANCHAS CONSTANTES

Mientras esto queda en boca de todos, crece el descrédito ya no contra el Superior ni Rubín, sino contra otro espacio judicial que lo tiene al frente: el Consejo de la Magistratura, cuyos demás miembros son caratulados de anestesiados, ya sean de la Facultad de Derecho, el Colegio de Magistrados y los propios legisladores que son funcionales al languidecimiento del Consejo, el cual, después de cuatro años de instalado por mandato constitucional no tiene sede, personal, ni presupuesto; y ha pasado a ser un apéndice sumiso de la "mayoría automática".

Nunca mejor ubicado el dicho "la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer"; o sea, que los deslices de Rubín no encuentran un freno en las propias instituciones del Estado, permisivas, o negligentes para asumir su rol.

Días atrás, una intentona del Senado no pudo ser sostenida luego. Lo concreto, señalan desde distintos sectores, es que los antecedentes de los concursos siguen bajo siete llaves y lo que se dice es que la doctora Esperanza Aquino, esposa del funcionario procesado, sigue haciendo y deshaciendo con la venia del pleno del Consejo.