El desaire del curuzucuateño no sería avalado por el resto de los integrantes del cuerpo que considerarían "una capitis diminutio" para con un igual el exceso de celo de Rubín. Si el Consejo lo deja solo a Rubín lo obligaría a pedir su relevo como representante del Superior en el Consejo. Hasta ahora, la Corte provincial no designa el ministro suplente en ninguno de los órganos constitucionales. Habría un reclamo del resto de sus componentes por esta inaceptable falencia institucional.

Que el Consejo de la Magistratura no anda es un secreto a voces. Son muchos los que ya no quieren concursar. Tanto los de afuera como los de adentro del poder, algunos de ellos caracterizados hombres del Derecho con larga trayectoria que fueron manoseados por las prácticas y procedimientos aplicados a los procesos de selección de jueces y funcionarios. Los concursos están desde hace tiempo en el comentario público. Exámenes que dan qué hablar y coloquios que se han convertido en un filtro en el que se maneja a gusto y paladar la integración de las ternas.

El Consejo sigue sin sede propia; sin presupuesto, y sin personal, dándose la paradoja de que una funcionaria todo terreno del propio Superior Tribunal, con acceso directo a Rubín, es a la vez secretaria tanto del Consejo como del Jury. En el caso de los concursos es quien sabe a quién le corresponde cada uno de los números que se supone debería corresponder a un examen con identidad reservada.

Tampoco nadie informa la razón por la cual, hasta ahora, no han asumido los representantes suplentes tanto del Jury como del Consejo de la Magistratura, siendo el Superior el único sector que no ha cumplido con la obligación constitucional de integrar en legal forma ambos organismos.

En las últimas horas se produjo un nuevo remezón. El consejero doctor Midón pidió por nota que se le pase a estudio una denuncia ingresada al Consejo. El Presidente se lo negó aduciendo la necesidad de mantener la reserva, con lo cual puso a Midón en una situación de inferioridad que no se compadece con la función que tiene en el Consejo, donde todos sus integrantes son pares y donde no le está permitido al Presidente arrogarse facultades que no tiene.

No es la primera vez que exabruptos de esta naturaleza lo dejan pagando a Rubín. Semanas atrás, el Senado se vio obligado a reglamentar una ley para asegurar que el Consejo remita al cuerpo los antecedentes de los postulantes a jueces. Lo hizo en una decisión unánime que fue la respuesta política a la negativa de Rubín, no avalada por el resto de sus pares, que negó la remisión de un juez propuesto con lo cual no hizo sino abonar las fuertes y cada vez más serias sospechas de que existen favoritismos que degradan el sistema convirtiéndolo en no transparente.