A través de un Proyecto ingresado en Agosto del año pasado, el oficialismo con Rovira a la cabeza, propone que el ingreso de dos ciudadanos representantes de la ciudadanía en el CMP. El proyecto volvería a tomar estado parlamentario el próximo 1ro. de Mayo y representaría otra forma más de injerencia del poder político sobre este órgano del poder judicial. El CMP realizó una serie de concursos en 2012, donde quedó en evidencia el criterio político de las designaciones del gobernador Maurice Closs: en tales casos el postulante con puntaje más alto, no ha sido elegido para ocupar el cargo vacante. "En muchos casos se elige al peor", había dicho el anterior titular del Colegio de Abogados de Misiones.

En la mañana de este lunes se conoció la intención del presidente de la Legislatura Carlos Rovira, de modificar la conformación del Consejo de la Magistratura de Misiones, introduciendo dos "representantes de la ciudadanía". El proyecto fue presentado en Agosto del 2012 y volverá a tomar estado parlamentario, el próximo 1ro. de Mayo, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales vuelva a tratarlo. La iniciativa que representa otra nueva forma de injerencia del Poder Político sobre el Poder Judicial en Misiones, ha sido comparado con el cuestionado proyecto de "democratización de la Justicia" del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En caso de prosperar el proyecto 6400/00, en una Cámara de Representantes con mayoría del oficialismo, el Consejo de la Magistratura contaría con dos representantes ajenos al poder judicial, que podrían torcer las evaluaciones del órgano. En el año pasado, el CMP realizó al menos 3 concursos en los que el postulante mejor conceptuado, no fue el elegido por el gobernador Maurice Closs, por cuestiones políticas. El caso emblemático fue la desginación de la Dra. María Teresa Ramos como Camarista del Tribunal Penal de Eldorado: fue la de peor puntaje y tuvo una calificación lapidaria sobre su exámen -el CMP sostuvo que "sorprende la ausencia total de las mínimas formas necesarias de un eventual voto como lo exigían las consignas del caso".

Fuentes de un medio que recibe fuerte pauta publicitaria oficial, señalaron que sería un hecho consumado que el proyecto que presentara Rovira en 2000 -Expediente 6400/00- sería impulsado en la Cámara este año, después del 1ro. de Mayo, cuando retome estado parlamentario. El proyecto original data de Febrero del 2000, ya que cuando fue creado el CMP, Rovira abogó por el ingreso de un "representante de la ciudadanía" en ese órgano del poder judicial. De esa forma, Rovira, por entonces gobernador, se aseguraba tener injerencia sobre el accionar del Consejo, en un contexto en el que el oficialismo no controlaba la Cámara de Representantes. El artículo 2º, de la Conformación del Consejo de la Magistratura, en su inciso 7, pretendía que el referido organismo lo integre “un representante de la ciudadanía, que será sorteado de los padrones de ciudadanos independientes de la provincia…”. Pretendía entonces: “…agregar a la composición técnica a integrantes de otros sectores de la sociedad, en una clara apertura de los canales de participación y receptando principios de la Constitución Nacional de 1994(…) que compromete y responsabiliza a todos los sectores sociales (…) en una dirección clara y sin retroceso: la humanización y desmitificación de una justicia que debe estar al alcance de todos”.

No obstante, el proyecto fue aprobado sin el cuestionable artículo, que implicaría que personas ajenas al poder judicial tomen decisiones de suma importancia para el Estado -como la calificación de jueces, entre muchas otras-. Y en forma más explícita, implicaría que personas influenciables por el poder político formen parte del CMP, que hasta ahora ha tenido una serie de definiciones contrarias a los intereses del partido gobernante.

“En el mes de agosto del año 2012, el actual presidente de la Cámara de Representantes, y la totalidad de los Diputadores Renovadores, suscribimos un Proyecto de Reforma del Consejo de la Magistratura, que ha tomado Estado Parlamentario y remitido a las Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, al que se ha de incorporar, a propuesta de su autor y conforme a idénticos fundamentos esgrimidos en el original proyecto, la figura del representante de la ciudadanía, que, una vez aprobado, deberán ser dos ciudadanos, un masculino y un femenino, los que serán sorteados del padrón electoral de la provincia, debiendo contar con 25 años de edad y estudios secundarios completos”, precisó el diputado renovador Juan Carlos Agulla, según la versión de n6. Con esta modificación, Rovira aspira a ampliar el control casi total que ejerce sobre el poder judicial misionero, donde la mayoría de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, son abogados sin la experiencia y cualificación necesaria para el cargo. Y donde además, la Junta Electoral Provincial está integrada por personas afines al exgobernador.

Sin embargo, el CMP ha demostrado que, al menos en las calificaciones de los últimos concursos públicos, no está bajo el control de Rovira y la Renovación, y a esto apunta el proyecto referido. El año pasado, el Consejo de la Magistratura dejó expuesto el criterio político de elección de postulantes a cargos judiciales del gobernador Closs. En el concurso para Camarista del Tribunal Penal de Eldorado, calificó con el peor puntaje a la postulante "renovadora", María Teresa Ramos, quien a la postre fue designada para el cargo. Closs eligió a esta jueza "amiga" a pesar de que el CMP había evaluado sobre ella que "sorprende la ausencia total de las mínimas formas necesarias de un eventual voto como lo exigían las consignas del caso. No se advierte un desarrollo serio de las diferentes calificaciones normativas de hecho. En el análisis de la conducta de uno de los intervinientes del caso, se advierte que se ha omitido el tratamiento de un posible caso de instigación. Es llamativo que se afirme con contundencia que uno de los personajes (hipotéticos) del caso (planteado) no ha realizado una acción típica antijurídica inculpable. Sorprende la mención del Artículo 19 de la Constitución Nacional que de ninguna manera se vincula con el caso".

El ganador de aquel concurso, el Dr. Jacobo Mass, un catedrático con más de 30 años de ejercicio y numerosos posgrados y publicaciones en su haber, había señalado a M4 que "si cumplo las condiciones constitucionales, tengo la edad y el domicilio (que corresponde), me someto al proceso de selección y soy el mejor, tengo que entender que no soy designado por otras causas. Como no tengo tachas ni antecedentes policiales, y cumplo con el examen psicofísico, ¿cuál sería el (criterio) negativo? Cuestiones políticas, raciales, sexuales, religiosas o antipatías personales, porque razones técnicas no hay", lanzó tras aquel concurso. Mass había duplicado el puntaje obtenido por Ramos, según la evaluación del CMP.

Hasta el entonces presidente del Colegio de Abogados, Rodrigo Bacigalupi admitió que Mass tenía el mejor puntaje y fue "discriminado, y el motivo no se sabe. Debería exigirse a los gobernantes que fundamenten por qué se elige a alguien que está tercero y no primero. En muchos casos se elige al peor", había expresado el abogado.

En este contexto, se entiende el motivo por el cual Rovira reflota esta iniciativa, esta vez, con el apoyo de 37 sobre 40 diputados provinciales. El objetivo parece perfilarse claramente: incidir sobre el accionar del Consejo de la Magistratura provincial, anticipándose a un posible regreso como gobernador en 2015. Pues, si se postulara y ganara las elecciones, sería él y no Closs quien deba soportar las críticas por designaciones de jueces "a dedo", contrarias a las evaluaciones de los catedráticos.