De esa manera se modificó la ley 6486 que rige la actividad de los escribanos en la provincia, cuya redacción original establecía sin más la incompatibilidad del ejercicio del notariado con el de cualquier cargo político y específicamente con el de escribano de Gobierno.

La norma que habilitó en ese momento a Brizuela a seguir trabajando con su estudio particular fue promulgada por un decreto que firmaron el 19 de mayo de 1998 el propio Romero, la secretaria general de la Gobernación, Sonia Escudero, y el ministro de gobierno, Miguel Angel Torino.

Quienes recuerdan el debate legislativo a propósito del proyecto, aseguran que el argumento de mayor peso de la administración Romero era que en otras provincias no había incompatibilidad entre el ejercicio privado de la escribanía y el cargo de Escribano de Gobierno.

Manuel Brizuela y Laura Inés Wayar fueron imputados por "peculado", por la fiscal María Inés Loyola, debido a sus actuaciones -como Escribanos de Gobierno y escribanos particulares- en las operaciones en torno a La Ciénaga.

Profesionales consultados aseveraron que la modificación de la ley del notariado decidida en 1998 dio cobertura legal no sólo para que el propio Brizuela -mientras cubrió el cargo de Escribano de Gobierno- actuara a la vez como escribano particular.

También para que su grupo de escribanos adscriptos actuara en las operaciones ahora investigadas por la Justicia, mientras Brizuela o su sucesora Laura Inés Wayar -que ejerció el cargo incluso hasta los primeros meses del gobierno de Juan Manuel Urtubey- hacían de escribanos de Gobierno.

La finca de 90 hectáreas fue adquirida en julio de 1998 por la provincia mediante una escritura pública del escribano de gobierno Brizuela.

En febrero de 2004, con actuación de la escribana de gobierno Wayar, fue cedida a José Luis Agustoni, quien las pidió a cambio de 12 hectáreas cercanas al colegio San Pablo.

En junio de ese mismo año, cuando era Escribana de Gobierno, pero actuando como escribana particular gracias a la modificación de la ley del notariado, Wayar dio fe de la venta de La Ciénaga por parte de Agustoni a favor de Cecilia Pérez de la Fuente, que también era escribana adscripta del registro de Brizuela.

La misma Laura Inés Wayar, mientras era Escribana de Gobierno, actuó en forma particular en marzo de 2006 en una "aceptación de compra venta" de Prados de Atocha S.A., para quien supuestamente Pérez de la Fuente había comprado las 90 hectáreas.

Y en noviembre de 2009, cuando ya no cumplían ningún cargo oficial Brizuela dio fe de la venta de La Ciénaga a Estancia El Carmen.