Alberto Rodríguez Saá encabezó la presentación de candidatos jujeños a cargos electivos nacionales, que se cumplió ayer ante un variado auditorio que se dio cita en el Salón Cultural Pregón, el cual además se interiorizó de las propuestas que dan forma al plan de gestión que impulsa el referente de la línea denominada “Es Posible. Compromiso Federal”.
Consultado sobre el alejamiento de José Luis Martiarena, hasta no hace mucho principal figura de “Es Posible” en nuestra provincia, Rodríguez Saá explicó que “no ocurrió nada especial”. “Simplemente tuvimos que presentar listas y eso hicimos”, puntualizó y aseveró que “no hay ruptura de ningún tipo”.
En otro tramo del diálogo mantenido con la prensa, afloró las diferencias que lo apartaron de Eduardo Duhalde en el armado de una alternativa electoral. “No soy oficialista y no pertenezco a la oposición, no me encontrarán en las fotos de rigor. En cambio en la oposición hay alguien que lo puso a (Nestor) Kirchner y otros que lo acompañaron”, resaltó.
En cuanto a su plataforma electoral, dijo que se puede resumir en los ejes que a continuación se detalla: Seguridad, trabajo, economías regionales y medioambiente.
Respecto de la situación de Jujuy, consideró que “con sus paisejes y sus riquezas naturales y culturales, Jujuy necesita ingresar urgente a la era digital”.
Aclaró que “antes que cualquier medida, la prioridad es unir, porque estamos enojados entre nosotros”.
En relación a los planes sociales, dijo que “estos deben ser sometidos a un proceso de reconversión, de modo de avanzar en la generación de trabajo genuino”.
Comentó que en San Luis está vigente el Programa de Inclusión Social, que es universal, contempla 6 horas de servicios, con seguro de riesgo, obra social, derecho a la capacitación y, especialmente, una remuneración por sobre la línea de indigencia.
También mencionó, que “para la juventud hay que modificar la Ley de Contrato de Trabajo” y agregó que “todos tienen que contar con la posibilidad de trabajar, pero no con las reglas actuales”.
A su turno, Nallar, responsable del armado político de “Es Posible” en Jujuy, adelantó que presentarán candidaturas en todas las categorías y en toda la provincia. “Estamos trabajando en la construcción de una alternativa con visión programática y de futuro”, enfatizó.
Defensor pidió se evite
desalojar un geriátrico
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, Víctor Galarza, emitió una resolución a través de la cual solicitó al Instituto de Seguros de Jujuy evite prontos traslados y reubicaciones temporarias de los pacientes geriátricos que se encuentran internadas en el Instituto Modelo San José de servicios geriátricos. También requirió al administrador del mismo que prorrogue la fecha de cierre hasta tener una solución que garantice en todo momento la calidad y eficiencia del servicio.
Asimismo, solicitó que se promuevan todas las acciones positivas tendientes a garantizar la calidad y eficiencia del servicio que requieren este tipo de pacientes. Recomendó al director de dicho instituto que ante la inexistencia de convenio prestacional con el ISJ y ante la falta de habilitación correspondiente, deberá prorrogar la fecha de cierre de la Institución hasta alcanzar un acuerdo con los familiares.
El accionar del Defensor del Pueblo fue en respuesta a la solicitud de los familiares de los pacientes geriátricos internados en el Instituto Modelo que requirieron mayores precisiones en cuanto al nuevo destino, ya que había un alto grado de incertidumbre, y garantías del nuevo servicio y el traslado, teniendo en cuenta el delicado estado de salud de los pacientes.
Cabe recordar que la notificación se hizo el mes pasado y el cierre definitivo estaría previsto para el 15 de julio, siendo esta misma fecha la informada para el desalojo del inmueble.
Por otra parte, recomendó a la Secretaría de Planificación en Políticas y regulación Sanitarias del Ministerio de Salud de Jujuy adopte todas las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de las normas vigentes, a fin de asegurar el debido control, vigilancia y monitoreos de los Institutos Asistenciales para la salud.
Familiares de los pacientes geriátricos acudieron al Ombudsman para que interceda ante las autoridades competentes, a fin de que adopten todos los medios que se consideren pertinentes y necesarios para garantizar la salud integral de los adultos mayores considerando las historias clínicas de los pacientes geriátricos, los cuales necesitan una infraestructura adecuada y/o atención de similar calidad.
La investigación de Galarza rescata una distinción entre el adulto mayor que puede ser un paciente mayor y un paciente geriátrico. El primero es aquella persona de edad avanzada con independencia, es decir aquel que no padece patología ni presenta ningún grado de problemática funcional, mental o social. En tanto el segundo es un sujeto normalmente de edad avanzada, especialmente frágil ante cualquier tipo de agresión, con patologías crónicas, múltiples y normalmente productoras de limitaciones funcionales físicas o psíquicas y muchas veces con problemas sociales sobreañadidos.
También surge de la investigación, que es política de Estado atender la demanda de servicios de salud de las personas adultas mayores y en especial de los más vulnerables.
Solicitó Galarza, que se celebren los convenios prestacionales correspondientes, para evitar la situación de inseguridad jurídica en los pacientes geriátricos y la ausencia de habilitación del mismo implicarían responsabilidad civil por acción y por omisión según el Código Civil (Art. 1109, 1112 y ccs.).
Frente común contra
el comercio informal
Tras una reunión mantenída con responsables de organismos nacionales y provinciales para llevar adelante la estrategia integral contra la proliferación del comercio informal, el ministro de Hacienda, Hugo Tobchi, informó los avances en torno a la problemática y pidió el compromiso de todos.
El comercio informal es un problema muy significativo para nuestra estructura económica. El Ministerio de Hacienda advierte con profunda preocupación que la práctica de producir riqueza y crear empleo fuera del marco legal, se está transformando en una realidad que pareciera no tener límites. Por eso, es necesario recrear un ambiente que permita un reordenamiento de la actividad comercial que se desarrolla en las ferias, buscando los consensos que generen reglas claras e igualitarias que posibiliten el cumplimiento de las normas existentes en materia de habilitación e inscripción en los organismos de control que garanticen la formalidad y la transparencia de la actividad comercial.
“Concebimos al trabajo como el principal impulsor de la creación de riqueza, como instrumento básico del progreso social y bienestar de las familias. Sin embargo, para que esto se haga efectivo, es imprescindible que se desarrolle bajo condiciones que permitan, a todos los actores que forman parte de esta comunidad, participar de la vida económica de la provincia en paridad de condiciones, de acuerdo al marco legal vigente, conjugando el crecimiento económico con inclusión social y el respeto por la ley”, manifestó el funcionario.
La extensión adquirida por la informalidad lesiona los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias, además de atentar muy seriamente contra el desarrollo del mercado formal en nuestra Provincia. En este contexto se instrumentó, a través de la Dirección Provincial de Rentas, la incorporación de monotributistas sociales, para quienes se prevé una
alícuota diferenciada facilitando su incorporación a la formalidad y el acceso, como sujetos de derecho, a la cobertura previsional y de obra social que prevé el Registro de Efectores.
“El comercio ilegal nos afecta a todos, por eso convocamos en este desafío a la comunidad en su conjunto, sin cuyo consenso y participación sería imposible concretar con éxito cualquier política que intente transformar la problemática”, puntualizó Tobchi.
El encuentro se concretó con referentes de la AFIP, la Dirección Regional de Adunada, Gendarmería, Policía de la Provincia y la Dirección Provincial de Rentas, como parte de una estrategia integral acorde a la multidimensionalidad del problema, comprometiendo cada institución una fuerte tarea informativa para la implementación de acciones conjuntas. “Este trabajo articulado entre las distintas organizaciones del Estado es importante, pero no suficiente”, destacó el funcionario, apuntando finalmente que “se requiere del compromiso de los municipios y comisiones municipales, primer escalón institucional encargado de conceder la autorización, habilitación o permiso provisorio para el funcionamiento de las ferias que luego, inevitablemente, caen en la informalidad”.
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