El municipio de Roca fue condenado por la Justicia a pagar el daño material, psicológico y moral que sufrió una empleada, quien durante seis años fue víctima del acoso de un funcionario.

Los hechos ocurrieron entre el 2005 y el 2011, en el ámbito de la Dirección de Deportes, y el acusado fue el entonces titular de esa dependencia, Gustavo Pérez, quien renunció a su cargo el año pasado, cuando el caso se hizo público.

Días atrás la Sala II de la Cámara Laboral dictó sentencia y ordenó que la agente –instructora de aerobics– sea resarcida con 50.000 pesos más los intereses que correspondieran por daño moral, además de otras sumas todavía no calculadas, por una disminución de la remuneración que sufrió durante el conflictivo proceso y por los gastos del tratamiento psiquiátrico que debió realizar.

Además de tener que afrontar la condena, el municipio mereció una dura crítica en la sentencia, porque a pesar de haber recibido numerosas alertas sobre la situación, poco hizo para que el hostigamiento cesara. En ese tiempo el gobierno roquense era ejercido por Carlos Soria y la Dirección de Deportes dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya titular era Delia Gómez.

La demanda fue presentada por Maryam Ganim, quien reclamó $ 98.565, atribuyendo a Pérez hostigamiento, comportamiento "inadecuado", comentarios "desubicados", búsqueda de "contacto físico" y perjuicios en el desarrollo de la prestación laboral, además de llamados a tono personal y seguimientos en la vía pública.

La mujer no sólo presentó notas a sus superiores (incluso a Soria) sino que también hizo exposiciones policiales, pero no logró modificar la conducta del exdirector de Deportes, quien negó todas las acusaciones cuando fue convocado a brindar su testimonio ante los magistrados.

Para la jueza Gabriela Gadano, autora del voto rector, la situación fue "un típico 'conflicto de naturaleza persecutoria', donde hay un agresor desestabilizador, que según cual fuere su objetivo, elige una presa y va trabajando sobre ella para manipularla".

"Esa forma de seguimiento se convierte en un comportamiento tendiente a perjudicar, minar psicológicamente y aterrorizar al otro mediante una manipulación que se ejerce desde los espacios posibles, a veces sutiles y otras no", agregó la camarista.

Luego destacó que "la persistencia del acoso más allá de que la relación laboral justifique o no la presencia de la actora en el lugar donde trabaja Pérez, se daba en términos de sobresaltos permanentes desde una conducta desplegada obsesivamente en la vida cotidiana de la accionante".

Gadano sostuvo también que "el ilícito en el amplio sentido considerado, presenta dos variantes diversas: a) el acoso sexual chantaje o de intercambio, y b) el acoso ambiental"... considerando que el segundo "es el que ciertamente encuadra en el supuesto de estas actuaciones".

En este sentido, describió que "en el acoso ambiental no existe una vinculación entre el requerimiento sexual y las condiciones laborales futuras. El acosador desarrolla un comportamiento sexual que agobia a la trabajadora o al trabajador, que conduce a un contexto intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante; se enrarece e intoxica el entorno laboral".

"El mobbing es solo una de las formas tipificadas de la violencia laboral y contiene a la violencia psicológica, sexual, ambiental, etc. La nota dominante es la persecución, y la reiteración de conductas que van minando el terreno de libertad y seguridad personal del afectad. Es por todo lo descripto que veo este caso, de manual. Tanto sea en el proceso vivido desde el comienzo por Ganim como en las respuestas de Pérez, a partir de sus reiteradas negaciones", puntualizó la jueza.

Con respecto a la conducta del gobierno local, sostuvo que "hubo una banalización de lo que ocurría entre Ganim y Pérez sin que se ofreciera un marco de seriedad a la denuncia hecha. La Secretaria de Acción Social se quedó con una conclusión y el Municipio debe hacerse cargo de ella". Esta crítica fue compartida por el juez Diego Broggini, quien observó "una actitud obsesiva en mix con un claro sentido de impunidad, constituido en el verdadero motivo de la desprotección que llevó a la actora a considerar su lugar de trabajo como un ambiente insoportable".

La empleada contó el respaldo del gremio ATE para formalizar sus denuncias ante las autoridades, pero "la respuesta fue nula, cuando ciertamente muchos detalles hacían suponer que el estado de cosas había avanzado mas allá de lo que se podía hasta ese momento suponer". (Redacción Central)