“El juez nos está tomando por pelotudos a todos. Lo que hicieron hasta ahora fue sacarnos los videos y meter la causa en el freezer”, afirmó el letrado. Se quejó de que el magistrado ni siquiera citó a las personas que aparecen en las filmaciones y aseveró que existe “un sistema para tapar la corrupción”.

El abogado Alejandro de la Riva, quien hizo público el caso de los presuntos sobornos a funcionarios del Gobierno para destrabar el pago de Letras de Tesorería, afirmó ayer que “la causa está planchada” y acusó al Poder Judicial de actuar en connivencia con el poder político.

“¿Acaso queda alguna duda de que el Poder Judicial está entongado con el poder político?, se preguntó el letrado, de manera retórica, para explicar los nulos avances que tuvo la investigación después de setenta y dos días desde que se hicieron públicos dos videos con cámara oculta.

De las filmaciones subidas a Internet se desprende el pago de una coima que habría realizado el empresario de Río Grande Oscar Tapia para poder cobrar una obra pública, y el que aparece actuando como intermediario es el ex presidente del IPRA, Adrián Arias. También se menciona con insistencia a “Guillermo”, que sería el actual ministro de Gobierno Guillermo Aramburu, y en el segundo video aparece involucrado el abogado Leonardo Plasenzotti, quien conversa con Arias del tema en su propio estudio.

Aún así, tal como admitió ayer en dialogó con EDFM el juez penal Eduardo López, a cargo de la causa, todavía no hay personas indagadas y ni siquiera se llamó a declarar a los principales testigos del caso.

“El juez nos está tomando por pelotudos a todos. Lo que hicieron hasta ahora fue sacarnos los videos y meter la causa en el freezer. El Poder Judicial juega a la política, y por eso el mejor negocio que pueden hacer es planchar esta causa para ver hasta dónde puede llegar (el ministro) Aramburu”, afirmó de la Riva.

En referencia al titular de la Cartera de Gobierno, el abogado advirtió que “sigue teniendo una pequeña cuota de poder. No hay que olvidarse que él tiene intenciones de ser Fiscal de Estado y que es el representante del gobierno ante el Consejo de la Magistratura. Por eso, mientras Aramburu esté protegido por Fabiana Ríos, el juez López va a hacer esto”, razonó.

“Un sistema para tapar la corrupción”

De la Riva calificó como “increíble” los pasos que se han dado en materia investigativa y, especialmente, las medidas que no se han tomado para intentar demostrar el supuesto hecho de corrupción.

“Primero me citaron a mí para ver cómo obtuve los videos. Conté minuciosamente todos los entretelones, cómo se pagaron las coimas, quiénes participaron de todo esto incluido (Leonardo) Plasenzotti, (Adrián) Arias y el empresario (Oscar) Tapia que fue víctima de esta exacción ilegal. Y resulta que ni siquiera lo citaron a Tapia”, enfatizó el letrado.

“La lógica dice que si en el video se ve a Tapia, al menos lo tendrían que haber llamado para preguntarle si era él efectivamente. ¿Para qué van a mandar (el video) a Gendarmería si allí no conocen la voz de Tapia?, se preguntó el abogado.

También consideró que “tendrían que haber llamado a Plasenzotti, para preguntarle si en el video se ve su estudio, si él realizó la grabación o a qué se refiere cuando hablan de Guillermo”.

“¿Alguien puede creer que es necesario revisar todos los expedientes de pago relacionados con un trabajo de movimiento de suelo para Vialidad Provincial y que fueron pagados con Letras de Tesorería, para avanzar en la investigación de este caso?”, insistió De la Riva refiriéndose a las medidas de pruebas adoptadas por el magistrado interviniente.

Es que según el letrado que hizo público el caso, “el sistema legal está hecho para tapar la corrupción. Yo pensé que (el juez) López era de otra madera, pero es igual que los demás. Todos en esta provincia, y yo me pongo primero en la fila, tenemos algo que nos hace apretar el zapato. Es evidente que a López le han encontrado dónde le aprieta el zapato para que esto no camine”, aseveró.

Sobre el futuro de la investigación, De la Riva recordó que al no ser querellante y ni siquiera el denunciante de la causa (el fiscal actuó de oficio ante la presentación espontánea que realizaron Aramburu y el concejal Gustavo Longui, cuando se difundieron los videos) no tiene “ninguna posibilidad” de intervenir en el expediente.

“No estoy en condiciones legales de presentarme en mesa de entradas del tribunal y preguntar cómo va la causa”, explicó, por lo que sostuvo que la forma de impulsar que se haga Justicia es manteniendo el tema en la agenda pública.