La administración comunal tiene un pasivo de $12 millones con la empresa estatal distribuidora de energía. Ese pasivo está en instancia judicial y el 4 de octubre de 2013 la Municipalidad de la Ciudad fue informada so­bre la inminente ejecución de parte del patrimonio comunal por el importe del pasivo.

Ríos en su afán de aliviar la mochila de deudas heredadas desde la adminis­tración Espínola, remarcó por varios medios radiales: “Hicimos todo lo que está a nuestro alcance para de­mostrar que queremos hon­rar las deudas”.

En esa faena el intendente ofreció, dos veces en esta semana, al in­terventor de la Dpec, Vicen­te Parisi, volver al viejo sis­tema por el cual la firma co­braba el alumbrado público con un extra del 6%. Parte de esa recaudación quedaba para la Dpec y el resto iba al Municipio. La cuestión llegó a instancia judicial porque el ex intendente Espínola dijo que esos recursos no fueron enviados por la empresa al Municipio.

“El interventor de la Dpec me dijo que in­formaría de la oferta al go­bernador Ricardo Colombi (UCR), pero que no puede dar con él”, contó ayer un impaciente Ríos en el afán de licuar viejos pasivos. Deudas que se generaron en la gestión anterior, el propio intendente detalló que dos veces hizo la oferta a Parisi para “volver al convenio que se había rescindido” y que no obtuvo respuesta ya que Parisi “no puede ubicar al Gobernador”.

Otra tanto ocurre entre la Comuna y el Instituto de Previsión Social (IPS). Durante los cuatro años de gestión de Espínola la Caja Municipal de Préstamos hizo mensualmente las re­tenciones a sus agentes por ítems previsionales pero no giraba esos fondos al organismo provincial.

Ríos reiteró su predisposición al respecto: “En noviem­bre se empezó a conversar para el pago de esa deuda. Hicimos un depósito judi­cial de $500 mil que está a disposición del IPS y que hasta ahora, a tres meses de todos esos trámites no nos contestan”. Con el ente pre­visional la Caja Municipal mantiene un pasivo que as­ciende a $9 millones y que también podría llegar a una instancia judicial similar a lo ocurrido con la Dpec y el alumbrado público.

Ambas cuestiones fueron defendidas a ultranza, el no pago por parte de la admi­nistración Espínola.