El órgano de control -en su Acuerdo Nº 188- objetó la resolución 406, del 29 de diciembre de 2009, firmada por el presidente del Siprosa, el ministro de Salud Pablo Yedlin. Por el expediente, se convalidó la realización de los cursos "Endodoncia Complementaria al Saneamiento Básico" dictados por la Fundación Salud (Funsal), y autorizó el pago de dos facturas por las sumas de $ 423.500 y de $ 378.000.

El TC objetó que el convenio marco entre la fundación y el Siprosa fue firmado el 19 de agosto de 2009 cuando como fecha de inicio de los cursos figura el 12 de mayo (tres meses antes). También, que no se haya adjuntado la certificación para funcionar como tal de la Fundación Salud por parte de la Dirección de Personas Jurídicas. "Además, en las facturas de esa institución figura impreso como fecha de inicio de actividades el mes de agosto de 2009", se advirtió.

Otro elemento que cuestionó el órgano de contralor es que en el listado de asistentes al curso no se haya consignado el DNI de cada uno ni una constancia emitida por la Dirección de Personal que acredite efectivamente que los estudiantes son empleados del Siprosa.

La inscripción de la sede social por parte de la Fundación Salud (un departamento particular en un edificio de Laprida y Corrientes) también generó polémica. El teléfono de ese domicilio (según figura en la guía) está a nombre de Raúl Penna, ex funcionario de Yedlin y actual colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur. En un descargo por escrito enviado a LA GACETA, Penna explicó que sólo facilitó su número de DNI al presidente de esa fundación, el chileno Héctor Silva Olivares, para que pudiera contar con un teléfono de contacto. Dijo, además, que no tiene ninguna vinculación con Funsal.