No termino de salir de mi asombro. En los ocho años que llevo como ministro, he tomado decisiones y resoluciones propias de esta responsabilidad. Y sólo dentro de ella. Algunas han contado con la aceptación de un amplísimo espectro de la sociedad. Otras han sido bien recibidas por unos y criticadas por otros.

Los comentarios favorables fortalecen. Las críticas son valiosas porque ayudan a corregir. Lo que nunca va a lograr ningún comentario -por negativo que sea- es que incumpla con mis obligaciones. Que me aparte de la ley, o de los deberes de la función pública. Digo esto porque es lo que se desprende de la opinión editorial de La Nacion del martes 19. Ahí se menciona un caso de fraude laboral del año 2000 -anterior a este gobierno- y se acusa a la actual gestión de defender y avalar esa irregularidad. Y no es así.

El diario ignora -u omite decir- que todo organismo público está obligado a agotar las instancias judiciales, aunque sean heredadas. Más allá de si avala la situación o no, debe cumplir con la labor de su defensa. Además, requiere un pronunciamiento jurídico del Máximo Tribunal sobre las cuestiones en discusión. El juicio consignado refiere a una empleada que trabajaba como pasante. Y que irregularmente estuvo en esa categoría 7 años. A todas luces, un despropósito. Mal podríamos avalar tal situación, ya que fue este ministro quien reglamentó las pasantías con un espíritu de protección al trabajador.

Mi asombro siguió creciendo. Al leer el editorial me encontré con la aseveración de que propiciamos el trabajo no registrado en el Estado. Tampoco esto es cierto.

Cuando en 2003 llegamos a la cartera laboral, casi la mitad de los empleados revistaban en forma irregular. Sí, el 47% facturaba su trabajo bajo la figura de asistencia técnica, locación de servicios o de obra. Lo hacían como monotributistas. Nosotros nos propusimos terminar con esta anomalía y regularizamos la situación. Los empleados pasaron a tener cobertura social, aportes previsionales y todos los beneficios que les corresponden por ley. Hoy el Ministerio tiene el máximo de cobertura en estas condiciones: el 93% de su personal trabaja en relación de dependencia. El 7% restante corresponde a contratos profesionales específicos, proyectos con fecha de vencimiento o capacitación.

El asombro dio paso a la indignación. La columna no se detuvo en estas inexactitudes. Incorporó una más. Se refirió a los bloqueos en Clarín y La Nacion como pretextos laborales. Como excusas. Y calificó de inacción las gestiones del Ministerio a mi cargo. Nada más lejano de la verdad.

El conflicto laboral entre trabajadores, delegados y el Grupo Clarín lleva años. Acciones del Ministerio de Trabajo y de la Justicia chocaron con una manifiesta voluntad por parte del sector empresario para no cumplir con la normativa vigente. Fallos, multas y apercibimientos fueron comunicados sistemáticamente. Hasta en una rueda de prensa en la que se puntualizaron los detalles del conflicto.

Es agraviante la imputación de lentitud hacia este Ministerio. No bien tomamos contacto con la información, la mañana en que ocurrió el bloqueo en Clarín, se iniciaron las gestiones por un acuerdo. Lo mismo sucedió cuando en La Nacion se suscitó una medida de fuerza el lunes 11 de abril a la noche. De inmediato, a las 23.30 de ese día, el Ministerio abrió sus puertas y convocó al sindicato, a los delegados y a las autoridades de la editorial para destrabar el conflicto y llegar a una solución. Se dictó la conciliación obligatoria y se garantizó la edición del diario.

Llama la atención que se desconozca la naturaleza laboral de los problemas aludidos en los medios. Sobre todo teniendo en cuenta que después del episodio de Clarín, el sector gremial y el empresario se reunieron varias veces en el Ministerio para llegar a acuerdos. La negociación está en marcha. La aceptación de los problemas laborales existentes -por caso el régimen de horas de trabajo- consta en actas firmadas por ambas partes.

Sorprenden también las dudas planteadas respecto de los encuadramientos laborales que involucran a los sindicatos de camioneros y de comercio. Cabe advertir que son decisiones administrativas que se toman en función de los convenios colectivos aplicables y las complejas características que revisten establecimientos que incluyen tareas logísticas junto a las comerciales.

Me he tomado 48 horas para intentar una respuesta puntillosa, equilibrada y sin que deje paso al malestar. El destrato es inmerecido. En el Ministerio trabajan cientos de personas comprometidas en lograr condiciones laborales dignas que fomenten el crecimiento económico y social del país. El gobierno que integro y que encabeza Cristina Fernández de Kirchner ubicó al empleo en el centro de las políticas públicas. Generó 5 millones de nuevos puestos de trabajo. Puso en marcha un plan para combatir la informalidad laboral. Tiene en claro que hace falta más y que todos los días se trabaja con ese objetivo.

El cierre del artículo sostiene que "si la balanza se inclina indebidamente, las consecuencias serán siempre lamentables". Estoy de acuerdo. Del mismo modo que estoy convencido de que ustedes coincidirán si afirmamos que la información debe ser un dato de la realidad y no una construcción editorial.

El ministro de Trabajo envió el siguiente texto en respuesta a un editorial publicado en La Nacion el 19 de abril.