A través de un comunicado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) manifestó su total rechazo a las expresiones formuladas públicamente por el gobernador Jorge Capitanich respecto de la existencia de una supuesta vinculación entre abogados, jueces y fiscales con la delincuencia, propiciando la liberación de los detenidos. “Dichas expresiones se aprecian como una elemental falta de consideración y respeto institucional hacia el Poder Judicial en su conjunto, es decir, los Ministros, Jueces y Fiscales y demás funcionarios que integran sus cuadros”.

“Pecan además de ligereza e irresponsabilidad impropia de quien conduce el Poder Ejecutivo, por cuanto este tipo de generalizaciones sí generan descrédito y zozobra en la sociedad cuando contrariamente lo que corresponde como deber inexcusable, es concretar y especificar el o los casos concretos que motivan sus afirmaciones asumiendo la responsabilidad de la denuncia”, expresa el texto.

“En el mismo sentido, este Superior comparte en general el contenido de las consideraciones formuladas por el Procurador General Dr. Jorge Canteros en los medios, particularmente en lo que se refiere a la faz de la prevención del delito y al rol que legalmente le corresponde al Poder Ejecutivo y al modo procesal en que deben actuar los Fiscales de Investigación frente al hecho perpetrado”, manifiesta el escrito.

“Constituye asimismo, un grueso error conceptual introducir el matiz político en la designación de Jueces y Fiscales en cuanto ello implica un cuestionamiento injustificado a la inobjetable tarea que ha cumplido siempre el Consejo de la Magistratura de la provincia, en todas las épocas e independientemente de los gobiernos de turno. Es asimismo otro error manifiesto involucrar lo referente al narcotráfico con la justicia provincial, toda vez que dicha cuestión compete exclusivamente a la Justicia Federal”, agrega.

Por otra parte, “si en el ánimo de señor gobernador tuviese realmente el objetivo de mejorar el Sistema Judicial Penal chaqueño, sería menester que se cumplieran las promesas de la implementación de la Policía Judicial, el presupuesto para que entren en funciones los Fiscales de Flagrancia; y el propio para la mediación penal en las seis circunscripciones judiciales que son factores indispensables para dicho objetivo”, cuestiona el STJ.

“Por lo tanto, cabe exhortar al gobernador que todos los componentes del Estado debemos ser cuidadosos y prudentes en nuestras expresiones, porque hay una sociedad que observa y que recibe un mensaje equivocado y distorsionado. Las correcciones al sistema para mejorarlo tienen otros caminos que la palabra fácil y deben hacerse con la seriedad que el tema merece para corregir las imperfecciones y fallas pero en el ámbito que corresponde, incluso escuchando la opinión ciudadana. Solo así se preserva correctamente la institucionalidad que es un valor no meramente circunstancial”, remarca el texto.

Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia asegura que dentro del ámbito de su competencia está “plenamente dispuesto a dialogar y debatir sobre esta cuestión por cuanto en definitiva el Estado es uno solo”.