En la Comisión de Asuntos Constitucionales el PRO aceptó una serie de modificaciones propuestas por ambos bloques, a fin de conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría para el proyecto que intentará convertir en ley el 30 de mayo próximo en el recinto.

De esta forma, se creará en la Ciudad un fuero especial para que la Justicia porteña dirima sobre cuestiones de "libertad de prensa y de expresión" -las que en un principio quedarán a cargo del Tribunal Superior de Justicia- y que le serviría al Grupo Clarín si el Gobierno dispusiera su intervención, una posibilidad que fue desmentida de plano por funcionarios nacionales.

El PRO decidió consensuar un proyecto de ley debido a las dificultades que había tenido para ratificar DNU en la Legislatura porteña, un trámite que requería la aprobación por mayoría absoluta, es decir 31 votos, número al que el macrismo -que cuenta con 26 legisladores propios y tres aliados- no pudo llegar.

El proyecto indica que la Ciudad "tiene, en forma exclusiva y excluyente, jurisdicción y competencia en toda materia relativa" a libertad de expresión y prensa, para lo cual se establecerá una ley especial para determinar el fuero competente, ya que "en ningún caso será competente la jurisdicción federal para entender en la aplicación del régimen".

"Nosotros dijimos que no íbamos a aprobar un DNU cuando las condiciones no estaban dadas. Discrepamos con la prepotencia de llevarse por delante a la Legislatura", afirmó a NA el diputado de Proyecto Sur Julio Raffo, quien defendió el consenso al que llegaron con el PRO para darle dictamen a la iniciativa.

El DNU que había emitido Macri fue suspendido parcialmente por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Osvaldo Otheguy, tras una solicitud presentada por los legisladores porteños de Nuevo Encuentro: se trata del primer párrafo del artículo 14 y el segundo del artículo 16, pero el contenido de esos apartados tributarios fue incluido de todas formas en el dictamen que la Legislatura tratará el jueves.