Luego de los discursos exaltados en la madrugada del jueves en el Congreso, la votación, que al final no resultó tan pareja, y los festejos eufóricos en la calle en medio del frío, ayer se escucharon las primeras repercusiones de la ley que permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo que fue aprobada en el Senado.

La jueza de Paz de la ciudad pampeana de General Pico, Marta Covella, aseguró que no casará a parejas homosexuales porque “Dios no aprueba cosas malas” y sostuvo que, en caso de que se presente un pedido, delegará la responsabilidad al juez suplente, Marcelo García Mossman.

La funcionaria manifestó que no quiere ser “la que esté al frente de semejante ceremonia” y aclaró que los homosexuales “se van a poder casar igual”. “Yo, por una cuestión de principios cristianos, no puedo hacerlo, porque en la Biblia Dios no aprueba esa forma de vivir”, expresó, y agregó: “En base a lo que aprendí sé lo que Dios piensa: Dios ama a toda la gente pero no aprueba las cosas malas que hace la gente y una relación entre homosexuales es mala”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respaldó la posibilidad de los jueces de no casar a parejas del mismo sexo según sus convicciones para “evitar nuevos enfrentamientos entre argentinos”. “Tendría que existir esta supuesta objeción de conciencia porque no habría que confrontar, hay que hermanarnos”, evaluó la diputada nacional.

PERFIL consultó al titular de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Tavani, si un funcionario público puede alegar “objeción de conciencia”. “No hay objeción que pueda argumentarse para no cumplir con una ley promulgada. Si no cumple, carga con la responsabilidad del incumplimiento de sus deberes y sería sancionado según la normativa, hasta podría ser suspendido. Es una ley civil y los funcionarios tienen la obligación de cumplirla”, indicó Tavani.

El presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Alberto Solanet, tuvo otra interpretación: “Debería respetarse la objeción de conciencia porque es un derecho. Además esta ley de matrimonio homosexual es un disparate que contraviene la Constitución Nacional y tratados internacionales. Nadie puede ser obligado a cumplir con una ley inicua”. Solanet también aseguró: “El abanico de posibilidades que trae esta ley es impredecible y lo vamos a ver con el tiempo. Nadie va a poder hablar o predicar, se acaba de explotar una bomba atómica en el centro neurálgico de la sociedad argentina”. Nicolás Lafferriere, abogado de la UCA, argumentó en la misma línea: “La Corte suprema reconoce el derecho de objeción de conciencia y corresponde a libertad constitucional, es un conflicto insalvable. Ya hay leyes que reconocen la objeción de conciencia, como la ley de esterelización y de salud reproductiva”.

En otras provincias del interior, hasta ahora no hubo manifestaciones en contra de casar parejas del mismo sexo. Facundo Monzo, director de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Salta, afirmó que los jueces de la provincia van a acatar la ley. “No creo que ningún juez se niegue a cumplir una ley porque acá la gente respeta mucho las normas. En un Estado moderno se separa el culto del Estado y no habrá ningún tipo de rebelión.” Por su parte, el arzobispo Alfonso Delgado, de San Juan, advirtió que la ley conlleva “un daño grave al bien social” y criticó al Gobierno al asegurar que “no es la primera vez que se favorece a pequeñas minorías en detrimento de derechos e intereses de la mayoría del país”.

Esteban Paulon, secretario general de la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (Falgbt), indicó: “No pueden no celebrar la boda, vamos a promover acciones judiciales para remover a los jueces que no quieran. Si es algo interno y con una justificación se puede entender, pero no decirlo públicamente”.

Claudio Morgado, presidente del Inadi, también se pronunció al respecto: “No es posible permitir a la funcionaria no casar a los homosexuales, podrían incurrir en una violación a la ley de ética de la función pública e incluso su conducta podría llegar a constituir el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”.