En todo el país se nece­sitan construir 3.500.000 viviendas para cubrir el déficit habitacional. Pero esa marca es de 2013, des­de entonces no se volvió a medir la necesidad de te­cho propio, si se lo hiciera superaría los 3,5 millones de casas que se necesitan. Sobre ese número que en porcentaje significa el 25% a nivel país, los conglome­rados urbanos Gran Co­rrientes y Gran Resistencia se elevan hasta un 33%. En números reales represen­tan unas 33 mil viviendas. Para que quede claro, esa cantidad de unidades habi­tacionales sólo incluyen los cinturones poblados de las capitales mencionadas.

Los datos fueron revela­dos por Ingrid Jetter, a más de una semana de asumir al frente del Fondo Nacional de la Viviendas (Fonavi), nombrada por el presiden­te de la Nación, Mauricio Macri.

Ayer, en su comuna correntina, Riachuelo, ahora adminis­trada por Martín Jetter (su hermano), tras un acto ofi­cial la funcionaria nacional habló conNORTE de Corrientes: “Aún estamos en pleno relevamiento. El dé­ficit habitacional es gran­de en todo el país pero hay regiones donde es más. Por ejemplo los conglomera­dos como el Gran Resisten­cia y el Gran Corrientes”, dijo.

Jetter explicó que los mo­tivos disparadores de tan elevados números tienen que ver “con las interrup­ciones institucionales, las convulsiones económicas que tuvo el país al menos en los últimos 25 años. Por ejemplo, en otros países de la región, como Chile, el Produc­to Bruto Interno (PBI) que se des­tina a los créditos habitacionales es del 20%. En Argentina es menos (-2%). Solamente este indicador es determi­nante para demostrar qué pasó en todo este tiempo”.

La facilidad del acceso al crédito es otra clave: “Has­ta la clase media no puede acceder a un crédito común o bien le cuesta muchísimo teniendo incluso buenos ingresos económicos, por decirlo de alguna manera, para construir su vivien­da. Mucho menos para los sectores de muy pocos recursos”, explicó. En ese sentido observó positivo el rendimiento del programa Procrear, uno de los emble­mas del kirchnerismo, pero que sin embargo “apunta­ba a la clase media hacia arriba. Los sectores bajos o sin nada de recursos no pueden acceder a esos cré­ditos”.

Otra arista clave para la funcionaria, es cómo el Fonavi “se fue cargando de programas federales que sí se manejaron en forma to­talmente discrecional en los últimos años”.

Los primeros objetivos de la dirigente correntina será avanzar en la normali­zación del envío de fondos a las provincias, algo sobre lo cual dijo que “Corrientes no está tan mal” pero que “durante el año pasado sí, tuvo un trato totalmente discrecional. Recibió 10% menos de recursos que Chaco. Sólo por dar un ejemplo”.

Historia de un Fondo, de la dictadura a la actualidad

-¿Cómo encontró el Fonavi en lo adminis­trativo y con respecto al plantel de personal?

Ingrid Jetter -Bien, es una de las áreas del Esta­do nacional que se carac­teriza por tener personal de carrera, gente que está hace muchos años y tam­bién por estar poblado de profesionales. Hay buen ambiente. En cuanto a lo administrativo estamos en plenas auditorías y eso demandará tiempo. Una vez que tengamos la documentación sobre cómo se trabajó admi­nistrativamente y cómo se ejecutaron los presu­puestos, daremos a co­nocer esa información.

"El primer objetivo es corregir los indicadores de reparto de recursos a las provincias"

-¿Cuáles son los obje­tivos a mediano plazo?

-El Presidente me en­comendó especialmente que trabaje en la modifi­cación de los indicadores de reparto para las pro­vincias. Algo que lleva­rá tiempo, pero hay que empezar a trabajarlo con los gobernadores, con los legisladores y con los institutos de vivienda de las provincias.

-Sobre esos indica­dores, ¿se refiere a lo que corresponde a cada provincia en carácter de Fonavi, como la co­participación?

-Claro, es así, es lo que cada distrito recibe de manera coparticipable en concepto de fondos para la construcción de viviendas y se debe mo­dificar cada dos años. En el caso de Corrientes está relativamente bas­tante bien porque recibe 4,95% y la media de casi todas las provincias es del 5%.

-¿Hace cuánto que no se hace esa corrección?

-(Ríe) Nunca se hizo, desde que se creó el Fo­navi, durante un gobier­no militar en 1971 se re­glamentó que cada dos años se debía hacer una modificación a los indi­cadores. Es decir a lo que recibe cada distrito del país, pero nunca se hizo. Es más, el Fonavi se fi­nanció con su creación a través de un impues­to que se aplicaba a los salarios de los emplea­dos públicos naciona­les. Recién en 1995 se modificó esa forma de financiación y se em­pezó hacer con un im­puesto aplicado a los hidrocarburos como una nueva forma de fi­nanciación.

-¿Habrá más control a las provincias en el gas­to de esos recursos?

-No es que habrá más. Se harán los controles que se deben hacer, lo que indican las leyes. Lo que no había antes era decisión política de que esos controles tuvieran la importancia que tie­nen a la hora de adminis­trar recursos públicos.