Por: Paula Galeano Balaguera.

El nuevo marco tarifario para el servicio público de aseo abrió una discusión sobre la sostenibilidad financiera de las empresas que prestan el servicio y sobre el efecto que tendrá la nueva metodología en la operación.

Para Pablo Felipe Arango, secretario general de Urbaser Colombia, uno de los principales cambios es que mientras los ingresos de las compañías que realizan actividades como el barrido, la recolección y la disposición final de residuos disminuirán, el pago a organizaciones de recicladores tendrá un incremento.

En entrevista con Portafolio, Arango explica las preocupaciones del sector frente a la nueva regulación, señala que la aplicación efectiva de sus impactos se sentirá con mayor fuerza en los próximos meses y plantea la necesidad de revisar tanto aspectos de procedimiento como elementos de fondo de la resolución. 

¿Cuál es la principal preocupación del sector frente al nuevo marco tarifario del servicio público de aseo?

Estamos en un momento coyuntural. Estábamos avanzando en la aplicación de un marco tarifario que fue adoptado por el Gobierno saliente apenas un día antes de que terminara su periodo. Es un marco tarifario que, desde nuestra perspectiva, lleva prácticamente al límite la sostenibilidad financiera de nuestras compañías.

Por eso estamos muy preocupados y adelantando una tarea ardua para explicar al actual Gobierno las dificultades que se derivan de este nuevo marco. Consideramos que es necesario que se conozcan las implicaciones que puede tener la aplicación de esta metodología sobre las empresas que actualmente prestan el servicio.

¿Cuáles son los principales retos que identifica en esa nueva metodología?

Lo primero es que hay una reducción en los ingresos de las compañías, lo que hace desaparecer casi por completo su viabilidad financiera. Si uno revisa los cálculos tarifarios, se han hecho con un espectro que resulta insignificante y que prácticamente lleva al límite la posibilidad de que un empresario privado participe en estas compañías.

En esas condiciones, sería el Estado el que tendría que comenzar a prestar el servicio. Pero, por supuesto, también tendría la obligación, porque así lo establece la ley, de garantizar que ese servicio sea sostenible. Por lo tanto, también podría enfrentar dificultades en su prestación.Sin embargo, y esto es muy importante, a pesar de los menores ingresos de nuestros asociados y de nuestras empresas, esto no necesariamente se traduce en una reducción de la tarifa que pagan los usuarios.

¿Por qué la reducción de los ingresos de las empresas no significaría una disminución en la tarifa para los ciudadanos?

Porque lo que se está incrementando de una manera ostensible es el componente de aprovechamiento. Es decir, el dinero que los ciudadanos van a pagar a los grupos recicladores por esta actividad.De tal forma que la tarifa no va a bajar, pero sí van a bajar los ingresos de las compañías que se encargan de barrer las calles, recoger los residuos y finalmente disponerlos en los rellenos sanitarios.Y creo que esto es lo que más importa a los ciudadanos: la atención de los servicios básicos y de sus necesidades más primarias. El servicio de aseo tiene precisamente esa característica. Todos los días las personas necesitan que se recojan los residuos, que las calles permanezcan limpias y que exista una adecuada disposición de los desechos.

Por eso creemos que la discusión no puede limitarse únicamente a cuánto paga el usuario, sino que también debe analizar qué recursos quedan disponibles para garantizar que las empresas puedan continuar prestando el servicio de manera adecuada y sostenible.

¿Cuándo empieza a aplicar?

Afortunadamente, todavía no hemos tenido la afectación inmediata que podría derivarse de la aplicación plena de este marco. Por lo pronto tenemos esa oportunidad y así se lo estamos diciendo al Gobierno: que pueda entender bien nuestros argumentos y las preocupaciones que estamos planteando. Esta previsto iniciar en enero.

¿Qué acciones están adelantando frente a la resolución?

A nuestro juicio, y de acuerdo con los análisis realizados por los abogados y las firmas que hemos contratado para estos efectos, existen factores asociados con una posible violación de normas básicas de procedimiento en la expedición de la resolución.

Pero, además, existen razones de fondo. Esas son las que hemos venido exponiendo a lo largo de los diferentes espacios y congresos en los que hemos participado.Nuestra preocupación no se limita entonces a un aspecto jurídico o procedimental. También tiene que ver con el contenido de la metodología, con la forma en que se reconocen los ingresos y con las condiciones que se están generando para que las empresas puedan continuar participando en la prestación del servicio público de aseo.Por eso hemos insistido en que debe existir una conversación de fondo. No se trata solamente de discutir una tarifa, sino de garantizar que exista un modelo que permita que las empresas tengan las condiciones necesarias para operar, invertir y prestar un servicio que es esencial para los ciudadanos.

¿Cuáles son los otros retos que enfrenta el sector?

Las empresas de aseo tienen hoy una serie de retos importantes y, sobre todo, oportunidades que debemos comenzar a desarrollar.Hay una transformación muy importante alrededor del manejo de los residuos. Tenemos que avanzar hacia un modelo en el que los residuos no sean vistos únicamente como algo que se recoge y se lleva a un relleno sanitario, sino como materiales que pueden ser aprovechados, reutilizados y transformados.

Ahí existe una oportunidad muy importante para el país. En los próximos meses, además, vamos a enfrentar escenarios que pueden generar nuevas necesidades y oportunidades alrededor de la energía. El aprovechamiento de los residuos puede permitir la extracción de gas y la generación de energía, y de alguna manera contribuir a que esta sea una fuente adicional para el país.La basura que hoy llega a los rellenos sanitarios tiene componentes que pueden ser aprovechados. El reto consiste en encontrar los mecanismos técnicos, regulatorios y económicos que permitan hacer esa transformación.

¿Cómo ve el futuro de las empresas de aseo en medio de esa transición hacia una economía más circular?

Estas empresas tienen que evolucionar. No podemos quedarnos solamente en el modelo tradicional de recoger residuos y disponerlos. Tenemos que avanzar hacia nuevas actividades que permitan aprovechar mejor los materiales y generar valor a partir de ellos.

Pero al mismo tiempo no podemos dejar de lado lo que los ciudadanos necesitan cotidianamente.

Todos queremos salir a la calle, disfrutar de la ciudad, poder recorrerla, caminar por ella o divertirnos en ella, y queremos que esté limpia. Queremos que sea agradable asistir a un parque o caminar por un parque. Esa es una responsabilidad fundamental del servicio público de aseo.

¿Qué esperan entonces del Gobierno frente a la continuidad de la inversión privada y la prestación del servicio?

Nosotros tenemos mucha esperanza en que el Gobierno pueda entender las preocupaciones que estamos planteando. Esperamos que exista una revisión que permita garantizar las condiciones necesarias para que los operadores puedan continuar prestando los servicios públicos.El hecho de que seamos necesarios implica que tenemos que poder prestar esos servicios de manera adecuada. Y para hacerlo se necesitan empresas sostenibles, con capacidad de operar y de invertir.