A eso, consideró, hay que sumarle una cifra similar para pagarle a otra empresa y colocar el techo.El abogado Marcos Paz, asesor del gobernador Oscar Jorge, afirmó que rescindir el contrato a Inarco tendrá un costo de 240 millones de pesos, un valor ocho veces superior al que tenían los puntales que el Ejecutivo propuso comprar para concluir el techado. Esa propuesta no prosperó porque la Legislatura consideró que el apuntalamiento debía costearlo Inarco, situación que, para el letrado, dejó la situación del Polideportivo de la calle Stieben en un intríngulis jurídico del cual no resultará sencillo salir sin un acuerdo entre el Ejecutivo y la Legislatura.Paz, a tono con lo que viene sosteniendo el gobierno provincial, sostuvo que la obra nació sin proyecto, ya que el pliego establecía algunos lineamientos, como que el techo debía ser de 90 toneladas, pero dejaba el resto a resolver por la empresa adjudicataria. El asesor sostuvo que ese fue el primer error, ya que sin un proyecto de base las empresas no podían competir, ni el Ejecutivo podía realizar una comparación de las propuestas.Los hechos, según Paz.El abogado se refirió al tema el miércoles a la noche, en el programa "La parte y el todo", que se emite por CPEtv. Allí realizó una cronología de la polémica obra inconclusa. Dijo que Inarco ofreció un techo de 135 toneladas pero, más tarde, ya como adjudicataria, construyó uno de 200 que nunca pudo colocar, porque no se podía sostener. Entonces, la empresa decidió hacerse cargo de la estructura y en base a un nuevo cálculo construyó un techo de 900 toneladas, cuyo valor es de 6,5 millones de dólares. La estructura lleva años en el piso, esperando ser instalada."Cuando se empieza a construir el techo de 900 toneladas aparece la cuestión del montaje. Se estableció que para hacerlo se requería una grúa y unas columnas que lo sostienen a medida que se va colocando, porque recién se sostiene solo cuando está completo", relató.Como el montaje no estaba previsto en el pliego, ni en la oferta de Inarco, Jorge resolvió enviar un proyecto de ley a la Legislatura pidiendo autorización para que la provincia, con fondos propios, comprara las columnas de apuntalamiento, que entonces tenían un costo de 30 millones de pesos. Inarco sostuvo que no le correspondía afrontar ese gasto, porque ya había corrido con la inversión del nuevo techo.Cuestión neurálgica.Pero Diputados no le dio la autorización a Jorge, ya que los legisladores entendieron que era la empresa quien debía financiar el montaje, como parte del propio techo. "A partir de eso, se genera la cuestión neurálgica desde el punto de vista jurídico con respecto al Megaestadio. Que no se resuelve con un juicio político, y menos a Varela", dijo.En esas circunstancias, si Inarco no se hace cargo del ensamble y Diputados no autoriza a que el Ejecutivo sea el que lo financie, Paz sostiene que aparece como alternativa la rescisión del contrato a Inarco y la contratación de una nueva empresa para que se haga cargo de finalizar la obra. Para Marcos Paz, como el propio Ejecutivo consideró que era el Estado el que debía financiar el montaje, se perdió la oportunidad de rescindir con culpa, con lo cual, si se interrumpe el contrato en esas condiciones, la indemnización para Inarco rondaría los 50 ó 60 millones de pesos. Pero además, la empresa estaría en condiciones de exigirle a la Provincia que le devuelva la inversión de 6,5 millones de dólares realizadas en el techo de 900 toneladas.A esos 120 millones que suman la indemnización y la devolución del techo, el abogado consideró que debería añadirse el costo de contratar una nueva empresa, que debería construir un nuevo techo, con lo cual estimó que se estaría rondando una inversión de otros 120 millones de pesos, pasando de los 30 que no le autorizaron al gobierno a una suma de 240. "Por eso llama la atención que lo llamen a Varela, porque no tenía posibilidad ni técnica ni legal. Lo que hizo Varela fue defender los intereses de la provincia", concluyó.El "error de inicio".El letrado aseguró que el ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, no cometió ninguna omisión respecto a la obra del Megaestadio y, por lo tanto, no es responsable penal ni civilmente. En su opinión, el juicio político pedido por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, estuvo mal planteado y no contribuirá en nada a culminar la obra que debió inaugurarse en el año 2007 y todavía está sin techo.Paz estuvo la semana pasada en la Legislatura donde declaró como testigo ante la Sala Acusadora. Durante su exposición de ese día, tuvo varios roces con legisladores vernistas. "Yo desconozco el motivo por el cual se enojan. Lo cierto es que fui a presentar un poco la mirada jurídica sobre esta cuestión que, entendía, no había sido presentada debidamente, pero ellos interrumpían y entrábamos en discusión", recordó.Para el abogado, por CPEtv, los legisladores vernistas ya tienen una postura tomada respecto al acusado, pero confió en que adviertan el "error de inicio" que, a su entender, tiene la denuncia de Carola. "La denuncia de la FIA dice que el ministro no cumplió un deber de hacer. Lo que no especifica es qué cosa no hizo. En términos civiles o penales alguien es culpable del no hacer cuando la ley exige hacer. Si no te dicen de qué hecho concreto sos culpable, vos no te podés defender. Yo estoy convencido que Varela, desde el punto de vista jurídico, no incurrió en ninguna omisión", explicó.Convocatoria de Jorge.El gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, convocó para hoy a un grupo de intendentes y representantes de organizaciones sociales, gremiales y empresarias de La Pampa. ¿El objetivo?. Que el primer mandatario provincial exponga las principales características de la polémica en torno a la obra del Megaestadio y la nueva Ley de Hidrocarburos. La reunión está pautada para las 10.30 en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Rosa, Jorge Ortiz Echagüe, le confirmó a LA ARENA que su entidad recibió la invitación y que sus autoridades están de acuerdo con integrar una comisión que resuelva cómo terminar con ese emprendimiento iniciado durante la gestión gubernativa de Carlos Verna y actualmente parada y sin visos de culminarse."No política". "El tema debe tener una solución no política y debe ser pensada entre todos. Por eso remarcamos nuestra disposición de participar de una comisión creada al efecto, con participación de los partidos y los sectores representativos de la sociedad pampeana", expresó Ortiz Echagüe.El miércoles, en medio del desarrollo del juicio político solicitado por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, contra el ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, y a punto de conocerse la ratificación, o no de la denuncia, por parte de la Sala Acusadora, el gobernador indicó que convocaría a los jefes comunales y organizaciones sociales para brindarles un informe sobre la "complejidad" de la obra del Megaestadio, tanto desde el punto de vista legal como técnico.En cuanto a la Ley de Hidrocarburos, la intención de Jorge es dar los argumentos por los que respalda la nueva normativa, cuestionada desde la oposición y desde el peronismo por el senador Verna por entender que privilegia a YPF en detrimento de los intereses provinciales.Kirchneristas contra Verna.En un documento que lleva como título "Megaestadio: la verdad y la responsabilidad política de Verna", el kirchnerismo pampeano respaldó a la gestión del gobernador Oscar Mario Jorge y acusó al actual senador por las irregularidades en la construcción de la megaobra.Las agrupaciones indicaron ante el juicio político que se realiza en la Legislatura contra el ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, por la no conclusión del estadio en Santa Rosa, que "a esta altura de los acontecimientos, y por el tiempo transcurrido, los pampeanos nos merecemos saber la verdad de los hechos sucedidos". Con la firma de Peronismo Kirchnerista, Mujeres K, Los Hijos de Juana, JP de los 70, La Cámpora, La Florería La Pampa, La Locomotora y Unidos y Organizados ex Güemes, entre otros, el documento indicó que los testigos que pasaron por la Sala Acusadora "dejaron flotando varias falencias sobre las previsiones iniciales, junto con presuntas irregularidades en la etapa inicial de la construcción del Megaestadio".En ese sentido, indicaron que "queremos expresar nuestra opinión política en el sentido de que se esclarezcan las responsabilidades, sin ignorar que cuando se puso en marcha el mecanismo de juicio político, al actual Ministro del área, Jorge Varela, se inició una estrategia política del vernismo que pretende trasladar al gobierno de Jorge los costos políticos que le corresponden por su accionar en la obra del Megaestadio, para encarar el 2015 con menos responsabilidades sobre el tema". "Y esta intencionalidad política de desgastar a la actual gestión del gobierno provincial, desde el accionar de los diputados vernistas, está en sintonía con las acciones políticas que despliega el senador Verna en el Congreso de la Nación, dirigidas a atacar desde una oposición cerrada al gobierno nacional, conducido por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner", dijeron."Queremos saber la verdad respecto a los motivos que impidieron la finalización de esta obra del Megaestadio, y también desnudar ante la sociedad pampeana las finalidades políticas que este juicio político esconde, por parte de algunos de sus actores", precisó el documento.