A 48 horas de las elecciones presentó un informe a la Comisión de Valores de EE.UU. Plantea su temor a que la inflación, el control de precios, más impuestos y una creciente devaluación del peso afecten a su filial local YPF.
YPF, la filial argentina de Repsol, es un capítulo aparte para la empresa española cada vez que abre sus números. En 2008 representó el 22,8% de sus ingresos operativos totales. En un detallado informe presentado a la SEC –con copia en inglés a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires–, se animó a plantear abiertamente sus diferencias con la política energética del kirchnerismo. Se tomó varios párrafos para describir los "riesgos económicos" que corre en el país.
La principal queja es la regulación de precios. "La inflación creciente en Argentina puede incrementar los costos operativos, en particular los laborales, y sin el correspondiente aumento en los precios de los productos, puede impactar negativamente en los resultados operativos y la condición financiera". La necesidad de pedir autorización a Guillermo Moreno antes de retocar los valores de los surtidores no es de su agrado, como tampoco la regulación de tarifas del gas. La firma destaca como lo más negativo "la dificultad de pasar el impacto del precio internacional del crudo y sus derivados a los precios locales fijos de naftas y diésel o de incrementar las tarifas del gas natural, especialmente para los clientes residenciales". También marcó como un problema la "imposición" de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos. Otras "imposiciones" de las que se quejó son las exigencias más estrictas de abastecimiento de las estaciones de servicio, la importación de fuel a precios internacionales para satisfacer la demanda local "a precios locales significativamente más bajos". La petrolera destacó como inconveniente las huelgas y otras trabas laborales.
Por último, hizo hincapié en que una mayor depreciación del peso puede afectar "la capacidad para pagar sus obligaciones en moneda extranjera".
Las retenciones impositivas y las limitaciones a las exportaciones de crudo y otros derivados impuestos desde la secretaría de Comercio es otro dolor de cabeza que confesó Repsol. "En algunos casos, fuimos forzados a renegociar nuestros contratos de exportaciones con previa autorización del gobierno argentino. No podemos asegurar que puedan ser renegociados en términos favorables". La firma tampoco descarta que a futuro sea pasible de más impuestos.
YPF es controlada en un 84% por Repsol. El 14% está en manos del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, cercana al Gobierno. Este ingreso era el camino pensado por los españoles para mejorar la relación con el kirchnerismo y "argentinizar" la empresa. Los Eskenazi sumaron roces con el Gobierno desde que están en YPF. Ayer se hicieron públicos en Wall Street.
Alarma para Metrogas
YPF controla una porción minoritaria de la distribuidora metropolitana Metrogas. El resto está en manos de la británica British Gas. El Gobierno todavía no puso en vigencia ningún ajuste de tarifas para la empresa. Hay uno autorizado de hasta 30% para hogares, pero el ente regulador (Enargas) no dio la luz verde final. Hace falta que apruebe el nuevo cuadro tarifario, frenado para no impactar en el humor de los votantes. La sociedad que controla Metrogas, GASA, en la que participa la petrolera, se presentó en convocatoria de acreedores el 19 de mayo por la imposibilidad de pagar su deuda en moneda extranjera y así renegociar los plazos y términos. Repsol le dijo ayer a Wall Street que si el Gobierno no descongela la tarifa de la empresa en el segundo sementre de 2009, "probablemente Metrogas enfrentará dificultades financieras que podrían obligarla a suspender los pagos de su deuda". De todas maneras, a diciembre de 2008, la inversión de YPF en la distribuidora de gas fue completamente previsionada. Es decir, fue pasada a pérdida.

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