Por Daniel Lozano

CARACAS.- El chavismo impuso ayer en Caracas un toque de queda sin decretarlo, con cientos de militares y policías cercando con vallas metálicas y con sus escudos a los opositores. Contra ellos cargaron con gases lacrimógenos y perdigones, pese a que se trataba de una marcha pacífica que pretendía llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para reclamar contra sus autoridades, que paralizaron el proceso del revocatorio por órdenes de Nicolás Maduro.

Uno de los heridos durante la represión militar fue el líder opositor Henrique Capriles.

"Me echaron gas directamente a los ojos", relató Capriles, que necesitó asistencia médica. "Éste es el principio de la lucha y vamos a seguir", añadió el ex candidato presidencial durante un pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tras las concurridas marchas que se realizaron por todo el país.

La oposición convocó una nueva jornada de protesta nacional para el sábado. "Vamos a defender nuestro derecho al cambio, no nos van a imponer la agenda violenta", adelantó Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la oposición.

La MUD exige que continúe el proceso revocatorio contra Maduro. Ya son cuatro los días de silencio del ente electoral, que debe proceder, según su propio reglamento, a instalar las máquinas captahuellas que verifiquen 1.800.000 firmas, cuando para este primer paso a la oposición le basta con 195.000.

El cerco militar, como si se tratase del Muro de Berlín, partió en dos a la capital. A un lado, alrededor de 8000 opositores, con sus diputados al frente, intentando acercarse al CNE, entre vítores y palabras de ánimo de los transeúntes, que tampoco podían acceder a la universidad, a sus trabajos y a sus hogares. Doce estaciones del subterráneo permanecieron cerradas.

Al otro lado del muro, una marcha oficialista, convocada a última hora para proteger a Maduro y a las rectoras del CNE con un lema que ya forma parte del surrealismo mágico de la revolución: los beneficiarios del programa Misión Vivienda le agradecían al presidente por impedir que se les entreguen los títulos de propiedad de sus viviendas sociales, como exige la ley sancionada por la Asamblea Nacional, que quiere hacerlos propietarios de pleno derecho. El Tribunal Supremo, también por orden expresa de Maduro, decretó la inconstitucionalidad de esta ley.

El presidente recibió a los manifestantes favorables al gobierno en el Palacio de Miraflores y les dijo: "No creo que haya revocatorio ni siquiera en 2017". Todas las encuestas confirman la caída en picada de la ya muy baja popularidad del "hijo de Chávez", que sólo tiene entre el 15% y el 25% de aprobación nacional.

Sólo un manifestante opositor pudo acceder a la sede central del CNE en el centro de Caracas. Era Diego Hernández, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, que estaba armado con un pequeño cartel que decía "Revocatorio ya".

Sin un grito, sin un aspaviento, Hernández se dispuso a hacer una declaración a los periodistas, como un Robinson Crusoe en territorio que el chavismo reclama como si fuera su coto privado. No lo dejaron: un comandante de la Guardia Nacional le arrancó por la fuerza el cartel y cinco militares se lo llevaron detenido, ante la perplejidad de los periodistas.

En los alrededores del CNE también se habían desplegado las brigadas de choque del chavismo, incluidos los agresores de Torrealba hace dos semanas.