La denuncia por irregularidades en la cooperativa eléctrica de 25 de Mayo tuvo ayer su primera consecuencia: la renuncia del gerente general Ulises Traverso. Su lugar será ocupado por María Celia Luases, quien se desempeñó como contadora municipal durante la primera gestión de David Bravo.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el presidente no fue consultado por ninguna de ellas.
El lugar que deja vacante Ulises Traverso será ocupado por María Celia Luases, quien estuvo a cargo de la contabilidad municipal durante el primer período del actual intendente David Bravo. Luases apareció involucrada en una investigación penal en la que recientemente fue condenado el intendente Bravo: las irregularidades detectadas en la habilitación del cabaret El Rancho. En un principio, la contadora fue procesada por esas irregularidades, pero luego fue desprocesada y terminó declarando en el juicio en calidad de testigo.
Ulises Traverso es una persona cercana al intendente Bravo. Llegó a 25 de Mayo como empleado del Banco de La Pampa y en esa condición cobró 1.050 cheques de la municipalidad por los que está siendo investigado actualmente. También fue concejal y luego secretario municipal, siempre durante la gestión de Bravo. El 1 de agosto de 2012 asumió como gerente general de la Coospu junto con las nuevas autoridades de la cooperativa.
Parapsicóloga.
"Me gustaría tener los servicios de una parapsicóloga para saber el futuro de 25 de Mayo", ironizó ayer por la mañana, en una entrevista con Radio Noticias, la ex concejala del Frente para la Victoria, Miriam González, al referirse al hecho más llamativo de todas las irregularidades contenidas en la denuncia penal: el pago de 600.000 pesos en un solo día a una mujer de Colonia Catriel (provincia de Río Negro) que oficia de vidente.
González se manifestó muy preocupada por lo que está sucediendo en la Coospu y trazó un paralelo con lo que ha ocurrido en la municipalidad desde que asumió David Bravo. "Hay una connivencia total entre el municipio y la Coospu", disparó la ex concejal, para quien las irregularidades en la Coospu son un reflejo de la cuestionada gestión municipal.
Los nombres que se repiten de uno u otro lado son los mismos que aparecieron involucrados en denuncias como la de los cheques municipios o los pagos irregulares a monotributistas, causas en las que, a juicio de González, la Justicia está actuando demasiado lentamente.
Ordenanza.
En sus declaraciones radiales, González apuntó principalmente al intendente David Bravo, a quien vinculó en forma directa con la actual conducción de la entidad solidaria. De hecho, afirmó, fue concurrente habitual en las reuniones de la lista que ganó las elecciones para la cooperativa.
De todos los hechos, señaló como más grave a la ordenanza sancionada a fines de 2012 en una apurada votación, que autoriza a la comuna a celebrar convenios de ejecución de obra con la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano. La gravedad radica en que a pesar de ser dinero municipal, las contrataciones se harán por fuera de los mecanismos habituales, favoreciendo procedimientos poco transparentes.
González apoyó el pedido del abogado Omar Gebruers, patrocinante de la denuncia, de que se intervenga la entidad solidaria como paso necesario para evitar la desaparición o destrucción de documentación clave.
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