La iniciativa fue elevada por los integrantes locales del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) con la firma de Elbio Sarnari, que es el representante local del Instituto. Precisamente desde esa entidad, se promueve reunir un millón de firmas para peticionar el rápido tratamiento parlamentario del proyecto. En los últimos días de diciembre fue presentado en la comisión de Presupuesto y se espera que para el inicio del período Ordinario, se pueda debatir y aprobar.

En términos conceptuales, el proyecto presentado por Heller junto con el bloque de Nuevo Encuentro es innovador y radicalmente opuesto al decreto/ley vigente que data del año 1977 firmado en la oportunidad por Jorge R. Videla y José A. Martínez de Hoz.

Es decir, que le otorga a las entidades financieras el carácter de "servicio público", con las características que tal concepto compromete.

Según el IMFC, "el proyecto recoge la tradición del movimiento cooperativo de ese Instituto, que a lo largo de más de medio siglo ha impulsado la construcción de entidades solidarias, bajo la consigna "el dinero de los argentinos en manos argentinas".

En ese sentido, cabe destacar que el decreto ley vigente "no cumple un rol social en cuanto al acceso al crédito, sino que el suyo es netamente de especulación financiera, dado que no hay nada que obligue a las entidades financieras a hacer otra cosa".

Según información que se puede recabar en la página oficial del Banco Central Argentino, de la masa de crédito que presta el servicio financiero argentino, una gran parte (más del 50%) está destinado a un grupo concentrado de empresas, en su mayoría multinacionales. Los principales deudores son Telefónica de Argentina, Camuzzi Gas Pampeana, las concesio-narias viales, entre otras, y esos créditos son financiados a tasas de privilegio. Sin embargo, cuando estas empresas tienen utilidades las envían a sus países de origen.

La porción de crédito que queda disponible es que la que se distribuye entre todo el resto de la sociedad. En este caso, las tasas son mucho más elevadas, entre un 16 y un 18 por ciento y como consecuencia, el acceso al crédito es inexistente para grandes porciones de la población. Entre otras condiciones, los sueldos mínimos que se requieren deben rondar los 20 mil pesos, lo que marca la condición de inaccesibilidad mencionada para la mayoría.

Desde el IMFC, se sostiene que "como nadie regula nada, estas grandes empresas giran dividendos al exterior y aunque parezca insólito, las transferencias al exterior no tienen ningún tipo de gravamen. Ganan muchísima plata en Argentina, giran a sus casas centrales cuando quieren y como quieran y no están gravados impositivamente". Sin embargo, si un ciudadano común intenta girar dinero "a un hijo que está estudiando", por ejemplo, debe pagar 50 o 60 pesos por el servicio. Si se saca el monto proporcional de lo que cuesta girar mil pesos no tiene comparación con los millones de los que se habla arriba por los que además, no se paga nada.

Como consecuencia, no hay créditos para jubilados, ni para las personas trabajadoras con sueldos normales, ni para las PYMES o profesionales y en cambio han proliferado las casas que financian a tasas "de usura" y que son el único recurso de financiamiento para un gran sector de la sociedad.

Además de las altas tasas, del casi nulo acceso al crédito de grandes sectores, se da, como consecuencia del decreto ley vigente, una alta concentración de entidades financieras en las grandes metrópolis, con lo cual quedan desatendidas las localidades y pueblos del interior casi en su totalidad. La presencia de bancas públicas y cooperativa como es el caso del Credicoop son las únicas presentes en los lugares más alejados de los centros urbanos.

De hecho, las grandes entidades multinacionales no están obligadas a prestar el servicio que implica la función financiera. En este sentido, el IMFC entiende que "si hacen grandes negocios, alguna ley debería regular la actividad".

En Bolívar se han reunido más de mil firmas en apoyo el rápido tratamiento parlamentario de la ley de entidades financieras y para que, finalmente, el Parlamento debata este proyecto u otros en el mismo sentido y que se defina acerca de si es necesario que se regulen los servicios financieros.

Por otro lado, se intenta incluir el tema en el debate a nivel local.

Daniela Roldán

Principales puntos del proyecto de ley

-La actividad financiera como servicio público

La actividad financiera es un servicio público orientado a satisfacer las necesidades transnacionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación y contribuir a su desarrollo económico y social.

Proyecto de Ley concebido a partir de las necesidades de los usuarios

-Orientación del crédito hacia las micro, pequeñas y medianas empresas y regulación de las tasas de interés activas.

-Establecimiento de "servicios esenciales" dirigidos hacia los sectores de menos ingresos de la población con un nivel máximo de comisiones (en algunos casos sin comisiones.

-Creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros.

-Constitución de un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros.

-Definición de un Código de Conducta para las entidades.

Objetivos de la ley

-Promover el acceso universal a los servicios financieros.

-Proveer medios de pago y transacciones eficientes para facilitar la actividad económica

-Fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los uuarios.

-Proteger los ahorros colocados en las entidades financieas, en particular a los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas.

-Impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.

-Promover el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares.

Alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera.

-Preservar la estabilidad del sistema financiero.

Democratización de los servicios financieros

-Se recomienda al Banco Central de la República Argentina establecer un listado de "servicios esenciales" que las entidades deberán ofrecer dirigidos hacia los sectores de menores ingresos.

-Las entidades financieras deberán destinar, directa o indirectamente, no menos de un 38% del total de sus financiaciones al sector privado, a las mipymes y 2% a microemprendimiento.

-Se impone a las entidades financieras la realización de un "informe sobre "contribución a la democratización de los servicios", como sucede en otros países.