En diálogo con El Diario del Fin del Mundo, el abogado especialista en derecho ambiental, Lisandro Vázquez Jiménez de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), fue consultado sobre la problemática creciente del tratamiento de los residuos en Tierra del Fuego y la presión que enfrentan los rellenos sanitarios. Según explicó, la complejidad geográfica y fiscal de la provincia limita las alternativas de tratamiento y reciclaje, generando un impacto ambiental difícil de revertir.

En la entrevista se expuso el problema generalizado de los rellenos sanitarios en la Argentina, ya que se vuelven problemas cada vez más serios. En Tierra del Fuego, la situación es aún más compleja porque no se pueden trasladar algunos de sus residuos industriales al continente, se analizó durante la entrevista.

Por restricciones fiscales que impiden que los productos industriales salgan de la isla, debido a que ingresan con beneficios impositivos, provoca que los rellenos se sobrecarguen, ya que no es posible reutilizar ni reciclar buena parte de esos materiales dentro de Tierra del Fuego, se  señaló.

Como se viene evidenciando en los últimos años, la reutilización local de residuos industriales y plásticos se ve obstaculizada por la falta de infraestructura adecuada, mientras que en otras provincias existen empresas dedicadas a la reutilización o reciclaje de residuos sólidos, mientras que en la provincia es una opción sumamente acotada. Por esto mismo, se destacó durante la entrevista que en Tierra del Fuego se insiste en la necesidad de una planificación integral que incluya incentivos para el reciclado y el tratamiento en origen.

Por otra parte, Vázquez Jiménez puso de relieve el papel que deben asumir tanto la sociedad civil como la justicia frente a esta problemática. “Las organizaciones ambientales y los vecinos tienen la legitimación para exigir el cumplimiento de estándares de gestión de residuos. Y los tribunales deben evaluar si el derecho ambiental prevalece frente a intereses económicos o fiscales”, indicó.

En relación con la actuación del Poder Judicial, el abogado valoró los avances en materia de legitimación activa en causas ambientales. “La jurisprudencia se ha ampliado y hoy las organizaciones pueden participar no solo como denunciantes, sino también como amicus curiae, aportando conocimiento técnico y científico a los expedientes”, explicó.

Consultado sobre la actitud del sistema judicial frente a los conflictos ambientales, Vázquez Jiménez admitió que existen diferencias entre jurisdicciones. “Depende de dónde te toque litigar. En algunos lugares hay jueces y fiscales con una mirada activa, y en otros se percibe una mayor pasividad. Pero el Acuerdo de Escazú promueve un cambio cultural en el que los jueces deben asumir un rol más dinámico”, sostuvo.

Finalmente, destacó la relevancia de los espacios de debate que promueven el diálogo entre operadores judiciales, académicos y la comunidad. “Es muy valioso que el Poder Judicial, a través del Ministerio Público y con el acompañamiento de universidades, incorpore estos temas a la agenda institucional. Son pasos necesarios para construir una justicia ambiental efectiva y cercana a la sociedad”, concluyó.