Desde la desaparición de Marita hasta el fallo decretado por los jueces el último martes, la impunidad ha sido la característica distintiva de una problemática estructural que hace desaparecer a miles de mujeres y niños por año.

“Humildemente, es hora de que cada uno de los poderes del Estado nos hagamos cargo de las cosas que pasan. Me comprometo a impulsar un proceso de democratización de la Justicia”, dijo ayer la presidenta Cristina Fernández, sin hacer mención alguna sobre la vinculación política con este tipo de hechos.

Lo cierto es que, junto al accionar de las redes de trata, se encuentra la sombra del poder político, y en lo que respecta al caso tucumano, el Partido Justicialista (PJ), conducido por el gobernador kirchnerista, José Alperovich, y por su mujer, la senadora Beatriz Rojkés, es parte innegable de lo acontecido.

Para entender tal relación, es preciso indagar sobre las personas que estuvieron sentadas en el banquillo el último martes. Daniela Milheim es una de las principales acusadas por haber retenido en su casa a Marita, y a la vez es exesposa de Rubén “La Chancha” Alé, uno de los empresarios tucumanos conocidos por manejar el negocio del juego, las drogas y la trata de personas en la provincia. En el marco del juicio, Milheim señaló que “La Chancha” la obligaba a ejercer la prostitución.

Un pasado justicialista

“La Chancha” Alé tiene un pasado de años vinculado al PJ tucumano, incluso en momentos en que Alperovich era ministro de Gobierno. “La relación en general del poder político con los Alé viene de la década del ‘90. No es algo nuevo en la provincia. Se incrementó en la época del gobernador Julio Miranda (1999-2003), cuando Alperovich era ministro de Economía. Ahí hay una cuestión muy fuerte de vinculación económica, sindical y policial con la mafia de los Alé”, indicó a Hoy Máximo Enríquez, periodista tucumano de la revista Contrapunto. Susana Trimarco, madre de Marita, denunció en varias oportunidades a Alé como uno de los responsables del secuestro de su hija e incluso en las últimas horas lo señaló como el garante de los sobornos a los jueces. “La Chancha”, quien llegó a ser presidente de San Martín de Tucumán, era dueño de una importante remisería llamada “Cinco Estrellas”. La empresa figuraba a nombre de María Jesús Rivero, otra exmujer del empresario, que está acusada de ser autora intelectual del rapto de Verón. Según la fiscalía y la querella, parte de la flota de remises era utilizada para dinamizar la movilidad de la red de trata.

“En los saqueos de 2001, Alé ponía los remises a disposición del gobierno tucumano para evitar que hicieran saqueos. Sobre los supermercados se apostaban los autos con personas armadas que corrían a la gente que se acercaba el lugar”, agrega Enríquez. La gestión tucumana de aquel momento estaba direccionada por la alianza de Miranda y Alperovich, que ya para aquel momento se había pasado a las filas del peronismo que lo llevaría a la gobernación en 2003. Por último, Alé fue candidato a concejal y legislador por el PJ. A su vez, y con el gobierno de Ramón “Palito” Ortega, supo amasar una fortuna con el negocio de las tragamonedas.

Reconocen impotencia estatal ante prostitución

La senadora Beatriz Rojkés, esposa del gobernador de Tucumán, José Alperovich, admitió que la prostitución “existe” y consideró que “va a seguir existiendo”. La presidenta provisional del Senado es la tercera en la línea de sucesión presidencial, e intentó justificar que el gobierno de su marido “trabajó fuertemente para terminar con los prostíbulos”, aunque reconoció la imposibilidad del Estado para asumir la problemática.

“En lo concreto, todo lo que se pide de cierre de locales (cabarets), supuestamente el Estado estaría actuando, pero por abajo se sabe que los clausuran y vuelven a abrir al rato. Hay una vinculación policial muy fuerte y poca voluntad política de cerrar esos locales”, afirmó Máximo Enríquez, periodista de la revista tucumana Contrapunto.

Amplio repudio de la oposición contra el fallo judicial

La Iglesia católica y varios dirigentes políticos repudiaron ayer el fallo judicial que terminó absolviendo a todos los acusados por el secuestro de Marita Verón.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia católica, Jorge Lozano, dijo que “la corrupción y la complicidad son afinidades crueles que impiden detener estos crímenes”. “La impunidad de los prostituyentes sostiene este mercado criminal”, fustigó, y añadió: “Abrazo a todas las mamás que, como Susana Trimarco, nos enfrentan con esta injusticia”.

La vicejefa de Gobierno porteña, María Eugenia Vidal, sostuvo que la Ciudad esperaba una sentencia “contundente contra la trata” de personas y manifestó su “solidaridad” con Susana Trimarco. En el mismo sentido, el jefe del Frente Amplio Progresista (FAP), el socialista Hermes Binner, afirmó que 150 testigos no alcanzaron para desbaratar “la trama de complicidades policiales, judiciales y políticas, sin las cuales la trata de personas es muy difícil de sostener”.

Por su parte, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) sostuvo que la sentencia absolutoria “es una burla a toda la sociedad”.

Preocupan los dichos de Cristina

Varios legisladores nacionales se mostraron preocupados por las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández, quien en un acto ayer sostuvo que ”hay que democratizar la Justicia”.

“Hablar de democratización de la Justicia es muy peligroso por el momento en el que vivimos, cuando el Gobierno está denunciado por su intento en avanzar sobre la independencia de los jueces y su condicionamiento a la Justicia”, aseguró el senador nacional del FAP Jaime Linares. Por su parte, Gustavo Ferrari, diputado del Frente Peronista, sostuvo: “Guarda, porque a través de este concepto estamos encontrando otro camino para justificar otra reforma constitucional y la eventual reelección”.

La relación de Alperovich con la Justicia norteña

El senador nacional José Cano sostuvo que “el poder político” del gobernador José Alperovich “tiene responsabilidad” en los fracasos de la Justicia en Tucumán.

“Si hay alguien que no puede hablar de la Justicia en Tucumán, es el gobernador Alperovich”, afirmó el senador tucumano, quien señaló que cuando “asumió en 2003 derogó el Consejo de la Magistratura, y todos los jueces y fiscales que ingresaron en los últimos nueve años entraron por el gran operador que él tiene en la Justicia, que es el ministro de Gobierno, Edmundo Pirincho Jiménez”.

“De los cinco vocales de la Corte Suprema, tres los puso Alperovich: el presidente de la Corte, (Antonio) Estofan, fue fiscal de Estado durante cuatro años y formó parte de su gobierno. El otro vocal fue secretario privado suyo y secretario de Derechos Humanos y no tenía antecedentes en el fuero judicial en Tucumán”, concluyó Cano.