La iniciativa fue propuesta por la gente de la CASEMI e impulsada por el diputado provincial Javier Ruiz. De esa forma llegó a la legislatura y en una reunión en la que estuvo presente el diputado nacional Daniel Tomas, se explicó cual era el objetivo del proyecto. En ese momento se planteo la necesidad de armar un registro de proveedores y un cronograma de licitaciones que permita determinar con tiempo en que forma se van a realizar los distintos trabajos en la mina. En tercer lugar uno de los aspectos que se planteaba es que haya por ley un porcentaje de compra obligatorio de productos locales. Las estimaciones eran que podría ser del orden del 10 por ciento.

Producto de los pedidos mencionados es que en la cámara se hicieron algunos encuentros con los sectores de la cadena productiva para saber que se pensaba sobre el tema. Es así que se logra el estado parlamentario para armar el registro de proveedores, que en la actualidad se encuentra en comisión.

De todos modos parece que la discusión viene complicada, pues hay varios cuestionamientos que tienen que ver más con lo político que con lo técnico. Los primeros en cuestionar la presentación de los proyecto de ley fueron desde la CEPSEM, que aseguraron que no fueron consultados sobre los mismos. Tiene que marcarse que en esta cámara hay una fuerte presencia de empresas que son de otras provincias y la participación del empresario local es menor, por lo que la defensa del proveedor se da en todo sentido al contrario de lo que se pretende con los proyectos que van a defender al empresario sanjuanino.

También desde minería se habrían puesto algunas objeciones al proyecto. Pues se entiende que en la actualidad existe un registro de proveedores mineros que se obtiene con el pago de la contribución del 4 por mil. El tema está en que si bien existe, se encuentra en poder de la Secretaría de Minería, por lo que debería evaluarse la forma que el mismo sea público para poder cubrir de ese modo el reclamo de los proveedores.

De todos modos, el problema se genera sobre todo en los legisladores que tras la presentación de los proyectos por Javier Ruiz, algunos de ellos sostienen que vienen impulsados de la mano de Daniel Tomas. Tiene que marcarse que el legislador nacional fue presidente de la comisión de minería en la cámara local en su momento. La realidad es que dichos proyectos habrían causado ciertos celos políticos que lleva a que las posiciones se encuentren divididas en el seno de la comisión. Esto va en desmedro de los proyectos, que si bien pueden ser buenos duermen el sueño de los justos hasta que se dirima la cuestión política. Según fuentes relacionadas con la comisión los más molestos por esto serían el presidente de bloque, Victor Doña y el titular de la comisión de minería, Emilio Fernández.

El tema es que con esta visión de la realidad nuevamente se traban proyectos que en el sector minero son necesarios ya que con su puesta en marcha norman y aseguran un punto de partida para los empresarios locales. De todos modos se tiene que marcar que hay empresarios locales que sostienen que la defensa del sector se tiene que dar exclusivamente desde el sector privado y son las cámaras las que tiene que tener el peso y el protagonismo suficiente como para poder negociar con los grandes capitales. Para esto se tiene que construir una conciencia de la defensa de lo local, que de momento no se da como ocurre en otras provincias.