Para la presidente del Centro de Jubilados, los poderes Ejecutivo y Legislativo deben garantizar de qué manera la caja de jubilaciones obtendrá los recursos necesarios. Las posiciones siguen encontradas.
El posicionamiento de Solís de Zambrano se da en el marco de si el cálculo debe ser entre los 10 mejores años (que respalda la oposición legislativa) o los últimos 10 años de aporte del jubilado durante su vida laboral (que apoya el Gobierno). Sin embargo, la referente del CJPPC dijo que “la cuestión de fondo en el debate no pasa por allí sino por garantizar el financiamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) con nuevas fuentes de recursos”.
Solís de Zambrano dijo que sus declaraciones rebaten lo dicho por la titular del IPS (IPS), Estela Regidor, en una nota publicada ayer por época. En tal artículo periodístico, la funcionaria del Gobierno provincial había señalado que “el tema en discusión es el del financiamiento al sistema porque a corto plazo sería insuficiente”.
Regidor también había afirmado que si se aplica el 82% de los 10 mejores años de aporte para el cálculo del haber jubilatorio “desaparecería el sistema previsional provincial”.
La titular del IPS también había apuntado que en caso de modificarse la base de cálculo actual en relación a lo pretendido por el Gobierno, ello demandará unos 10 millones extras mensuales para el pago de los haberes.
Para la dirigente de los jubilados es responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo buscar para los próximos años nuevas fuentes de financiamiento. “De otra manera sería como poner el carro delante del caballo”, concluyó.
El destino de los proyectos gemelos
Un proyecto de reforma previsional, que contempla el cálculo del haber jubilatorio en base al 82% del promedio de los mejores 120 meses de aportes del beneficiario en su vida laboral, fue girado el miércoles pasado a dos comisiones de la Cámara de Diputados para su estudio y posterior dictamen.
Una iniciativa “gemela” fue presentada en el Senado el jueves. Tal expediente quedó reservado en la Secretaría del cuerpo. La Constitución provincial establece que cuando hay dos proyectos que versan sobre un mismo tema en diferentes cámaras, el que ingresó en segundo término recién podrá ser evaluado a los dos meses si el otro cuerpo antes no le dio tratamiento.
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