Barrionuevo, quien integra la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, destacó que este proyecto se presenta en el marco de un proceso social y cultural de transformación del país, y que en ese sentido es necesario llevar adelante un sistema de modernización política y electoral, de manera progresiva.

Sobre ello, destacó la decisión de eliminar el uso del tradicional Documento Nacional de Identidad para el acto eleccionario y remplazarlo por el empleo de tarjetas de identidad, que ya está entregando el Registro Civil. "Con ello se pretende -dijo- ganar en agilidad y transparencia".

De igual forma, aclaro que al ya no poder sellar los tradicionales DNI como forma de registro del voto, eso se remplazará por una constancia entregada por el presidente de la mesa electoral que contendrá los datos del votante.

En este sentido, Barrionuevo aseguró, luego de la reunión mantenida con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que “existe una clara voluntad del gobierno nacional de generar todas las condiciones posibles para que nuestro sistema de elección de autoridades se ajuste a la realidad del siglo XXI, promueva la participación y responsabilidad ciudadana, y sobre todo, preserve la voluntad del Pueblo”.

“La propuesta que se ha presentado es una paso importante en este camino, y lo hace la propia presidenta que sacó uno de los mayores caudales de voto de la historia argentina, es decir, existen las condiciones para generar estos pequeños cambios, pero también voluntad de modernizar cuestiones de nuestro sistema electoral”, finalizó.

El texto del proyecto establece, entre otras cuestiones, multas de 50 a 500 pesos para quienes no emitan su voto, en el caso de los ciudadanos que no justifiquen este accionar dentro del plazo de los 60 días posteriores al de la elección.

El infractor que no haya pagado la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires o municipales”.

También propone que ninguna autoridad, ni tampoco el juez electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura en el padrón electoral, entre otros cambios.