Nuestra sociedad vive inmersa en una especie de duelo a perpetuidad. Nuestros muertos están insepultos, deambulan junto a nosotros, nos confiesan padecimientos y hasta alegrías al oído, y son capaces incluso de corporizarse en relatos, pancartas, banderas o manifestaciones multitudinarias en la plaza pública.

La historia nacional, del Dorrego fusilado al cadáver ultrajado e itinerante de Evita, está plagada de cuerpos mudos que dialogan con el presente de cada época, aunque esa época no sea estrictamente la suya en términos de contemporaneidad. Esos muertos, que por lógica biológica ya no dicen, son sin embargo investidos por los sobrevivientes de definiciones que polemizan de igual a igual con nuestras certezas vitales.

Una de las secuelas más terribles del último genocidio es que esta tendencia fue llevada al paroxismo por el terrorismo de Estado. Desde entonces, los muertos están menos muertos que nunca, no están quietos, ni callados, ni fríos, ni son abrigados por la paz de los cementerios en su viaje final: están dramáticamente desaparecidos. Es decir, ausentados de modo involuntario, en estos casos, con el agravante del modo violento en que fueron sustraídos de su vida, sus tareas y sus afectos cotidianos. No hubo para sus familiares velatorio ni tumba que ayude en el necesario proceso del adiós. No hubo despedida, sus muertos no pudieron marcharse, se quedaron acá junto a los que luchan y los que lloran. No hay lápidas donde evocarlos, sólo quedaron los pañuelos. Todo un símbolo. Como para recoger las lágrimas de un llanto imperecedero, que en algunos casos lleva 35 años y en otros mucho más que eso, reclamando justicia ante lo que no podía suceder en una sociedad civilizada y, mucho menos, ser convalidado por un duelo tradicional.

Desde ya, cualquier muerte nos parece inaceptable, y si además es una muerte injusta, inadmisible por partida doble. Nuestros duelos tienen, de algún modo, la extensión de nuestro dolor –que sentimos infinito aunque sepamos que va a ceder con el paso del tiempo–, y en demasiados casos el sello añejo de la impunidad, que vuelve la pérdida absolutamente insoportable.

No es extraño que la presidenta de 40 millones de argentinos lleve luto. No es fácil rastrear otra estadista que mantenga viva la memoria de su cónyuge durante tanto tiempo. Cristina Kirchner va camino a los dos años y medio de duelo por la muerte sorpresiva de Néstor, que sobrevino tras el impacto físico y emocional que le produjo la traición de un sector sindical que en vez de cooperar en sacar a la Argentina a flote, volvió a hundirla en lo peor del pasado trágico con el crimen del joven militante del PO, Mariano Ferreyra. La presidenta encuentra motivos privados y públicos para aferrarse a la vestimenta negra. La partida inesperada de su marido la convirtió en estandarte de un legado del que no piensa excusarse: Néstor vive en lo que ella hace o deja de hacer. Es el símbolo de la continuidad de un compromiso político común, avalado en las urnas desde 2003 en adelante.

Tampoco es casual que los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once hayan ocupado el viernes la Plaza de Mayo, transformando su duelo en otro hecho político. Aunque reconocieron la celeridad de "la justicia", que en menos de un año elevó el expediente a juicio oral, el ritual público conmovedor, inundado por los carteles con los rostros de los 51 muertos a los que se aferraban, fue para reclamar castigo a los culpables. Algunos reprobaron el abrazo solidario enviado el día anterior por la presidenta. A decir verdad, el silencio también hubiera sido criticado. Pero cualquiera que quiera confrontar con los silbidos de los familiares comete una imprudencia. Ponerse en los pies del otro implica aceptar que el desahogo forma parte inseparable del dolor. Y acá el dolor sobra a montones.

Decir que el desastre se incubaba desde la privatización menemista, que las concesionarias se convirtieron luego en máquinas de enriquecimiento vía subsidios y que hoy se investiga si hubo funcionarios venales de la administración kirchnerista que no controlaron o estuvieron directamente asociados a las empresas en su voracidad, convirtiendo al servicio de trenes en una trampa mortífera, no dice todo sobre la tragedia. También es cierto que como consecuencia del 22F, Transporte pasó a ser un ministerio, se le sacó la concesión a TBA, Juan Pablo Schiavi dejó la función pública, se anunció un plan de obras que se viene ejecutando y la justicia tuvo toda la información disponible para sentar en el banquillo a los responsables. No hubo siquiera amague de impunidad. Tampoco en el caso de Mariano Ferreyra. Para esto, fueron indispensables la lucha pública y colectiva de los familiares y la decisión política de Cristina Kirchner.

Los muertos del 22F están ahí, viven en los carteles y en los corazones doloridos de sus padres, esposos, hermanos, sobrinos e hijos, que van a la plaza, o al Andén 2, hasta tanto haya condenas efectivas y nadie quede impune.

Cuando las sentencias se conozcan, las familias podrán empezar a suturar esa herida lacerante.

En un país como el nuestro, que arrastra duelos irresueltos de todas las épocas pasadas, algunas de ellas volverán a vivir una realidad menos intolerable que la que hoy atraviesan, cuando comprueben que el tiempo de la impunidad es cosa del ayer remoto. -