El funcionario, junto al gerente general del organismo, Juan Carlos García, precisó además a LA ARENA que ya hay 3.524 reempadronados entre Santa Rosa y General Pico en el marco del plan lanzado por el Instituto para actualizar los listados de quienes quieren una vivienda social. Los que debían volver a anotarse eran los que estaban en la lista de espera antes del 31 de diciembre de 2010. Al finalizar los trámites en las dos principales ciudades de La Pampa hubo 2.275 reempadronados en Santa Rosa, de los 4.515 que había, y 1.249 en General Pico, de los 2.132 previos. Esto significa que el listado bajó en un 53,09 por ciento entre ambas localidades. De esta manera, junto a los anotados desde 2010, hay actualmente 5.812 personas que esperan por su casa sumando Santa Rosa y General Pico. Faltan los números del interior de la provincia, ya que todavía se están relevando, aclaró el funcionario.

Distintas realidades.

Vassia explicó el mecanismo por el cual se distribuyeron entre los municipios y comisiones de fomento de la provincia las 6.469 viviendas se que se realizaron por el convenio con Nación más un extracupo, en tres etapas en 2009, 2010 y 2012.

En las últimas semanas, desde la Legislatura se quiere pedir informes al funcionario sobre el criterio que se utiliza para dar el cupo de casas sociales a cada municipio. Y hasta desde la oposición se ha hablado de "discriminación" según el color político de la comuna.

Vassia indicó que cuando se firmó el convenio en el año 2008 para construir 6.000 viviendas -a las que luego se le agregaron 469 más- "se tuvieron en cuenta aspectos que reflejaran distintas realidades de cada zona de manera tal que incorporados a una fórmula final diera un resultado básicamente equitativo".

Criterio inflexible.

Según el funcionario, algunos parámetros se debieron desestimar por cuanto su aplicación iba a generar una distorsión. En ese caso, la cantidad de habitantes no se podía aplicar, ya que ciudades como Santa Rosa y General Pico recibirían el 60 por ciento de las viviendas y quedarían localidades pequeñas, sobre todo comisiones de fomento, sin cupo al no tener población suficiente para "competir". "Esas localidades quedan directamente marginadas con un sistema así", refirió Vassia.

"La decisión que se consideró más equitativa para la distribución de viviendas fue relacionar el total de viviendas disponibles, 6.469, con el número de inscriptos que había en cada localidad en el IPAV, que era de 8.773 personas. Ese coeficiente comparativo resultó de un 73 por ciento para cada localidad", indicó.

Ese criterio, explicó el titular del IPAV, se mantuvo "inflexible" en las tres etapas en que se dividió la construcción: en 2009 se hicieron 2.521 casas; en 2011, 1.987 y en 2012, 1.961.

"Las únicas excepciones a la regla se originaron porque los municipios no tenían disponibilidad de terrenos, por ejemplo ocurrió con Realicó", dijo.

El titular del organismo entregó los números, detallados por etapa, localidad y viviendas. Y cuál fue la diferencia entre el coeficiente del 73 por ciento sobre el total de inscriptos y la cantidad de viviendas entregadas a cada municipio (ver recuadro). Se observa cómo los números favorecen a las localidades más pequeñas al ser poca cantidad de viviendas, por lo que los porcentajes aumentan mucho más que otras localidades. Sin embargo, en el resto los números son similares, sin interesar si las comunas son de una tendencia política u otra.

Componente político.

Vassia aclaró, ante las críticas desde la Legislatura, que "la aplicación del coeficiente no incluye ningún componente político o de otra naturaleza que beneficie o discrimine según el partido gobernante en el municipio, sea o no diferente al que gobierna la provincia". El titular del IPAV dio como ejemplos a Santa Rosa, Eduardo Castex o Anguil, que mientras en las dos primeras etapas estaban bajo gestiones del Frepam, en la última habían cambiado de signo político y estaban con gobiernos justicialistas.

"De los números como se distribuyeron las viviendas de este convenio se puede ver que en la primera etapa de 2.521 viviendas los municipios gobernados por el PJ eran 55 y recibieron el 51,73 por ciento de las casas, mientras que los partidos de la oposición gobernaban 27 localidades y recibieron el 49,27 por ciento. La misma situación se dio en la segunda etapa, de 1.987 viviendas durante 2011 y 2012, cuando los justicialistas recibieron 53 por ciento y los otros partidos el 47 por ciento", comentó.