En aquel momento, esa respuesta podía interpretarse como un mensaje positivo, ya que siempre es deseable que ciertas políticas importantes para el desarrollo del país se mantengan en su esencia, independientemente del signo político-ideológico del gobierno que las lleve adelante. De hecho, si analizamos a los países desarrollados con base en el porcentaje de PBI invertido en ciencia y tecnología, podemos apreciar que países gobernados por diferentes signos políticos siempre muestran una gran inversión: Corea del Sur (4,15%), Israel (4,19%), Finlandia (3,3%) y Suecia (3,3%). ¿Estos países invierten más en ciencia y tecnología porque son ricos? Al contrario, son ricos porque invierten más en ciencia y tecnología.

La primera contradicción a esta afirmación del 2009 surge al analizar las políticas en ciencia y tecnología llevadas adelante por el PRO a lo largo de su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un distrito que posee una gran cantidad de recursos asignados. Se invirtió en CABA casi mil veces menos en ciencia y tecnología que lo que indica la ley 2511, sancionada en 2007 y que indica, en su artículo octavo, que para el área se dispondrá de un presupuesto anual no inferior al 1% del presupuesto total de la Ciudad.

Sin embargo, a fines del 2015, el presidente Mauricio Macri le ofreció al doctor Lino Barañao continuar a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El ministro aceptó la propuesta a condición de que se mantuvieran las políticas y, sobre todo, el presupuesto. A eso se sumaron promesas de campaña de Cambiemos especialmente dirigidas a las políticas de ciencia y tecnología. En particular, una muy contundente fue llevar —gradualmente y hasta el 2019— a 1,5% del PBI la inversión en el área. Cabe aclarar que, para el 2016, el Gobierno anterior, había aprobado un presupuesto en el que se invertía un 0,8% del PBI. El objetivo era duplicarlo en cuatro años.

El año 2016 transcurrió con varios problemas para los científicos. Surgieron nuevas conflictividades y se profundizaron problemas que no habían sido resueltos por el Gobierno anterior. Particularmente, para aquellas disciplinas como biología, bioquímica, medicina, veterinaria o agronomía (entre otras), que requieren el uso frecuente de insumos importados para el trabajo cotidiano de laboratorio, la devaluación de diciembre, al igual que la de enero de 2014, generó un grave problema presupuestario, ya que lamentablemente, y desde siempre, los proyectos de investigación se financian por tres años, sin que exista la posibilidad de actualizar los montos anualmente según la inflación o las devaluaciones. Al igual que en muchos otros sectores, también hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario de investigadores y becarios, porque las paritarias estuvieron muy por debajo de la inflación anual.

La situación que puso en mayor alerta a la comunidad científica tuvo lugar al conocerse el proyecto del presupuesto 2017 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Lejos de las promesas de campaña y de aquellas declaraciones del 2009, el presupuesto 2017 proponía, en su primera versión, invertir el 0,59% del PBI en ciencia y tecnología, mucho menos de lo que se había propuesto invertir en 2016 (0,8%) y muchísimo menos de lo que invierten los países desarrollados en ciencia y tecnología. Pese al adicional de 1.290 millones de pesos que se aprobó recientemente en Diputados, luego de los fuertes reclamos, se necesitan como mínimo 3.110 millones de pesos más en el presupuesto para seguir adelante sin desfinanciar el sistema científico.

¿Qué es lo que está en juego? Además de la profundización de los problemas ya mencionados, lo que más preocupa es el posible cierre o la fuerte restricción al ingreso en lo que se conoce como la carrera del investigador científico y tecnológico (CIC).

¿Qué es la CIC? Tomaré como ejemplo la rama de la biología, pero el concepto se puede extender, con sus matices, a todas las disciplinas cuyos egresados quieran dedicarse a la investigación científica. Los estudiantes que deciden ser biólogos en universidades públicas tienen como primer desafío recibirse de licenciados en Ciencias Biológicas, tarea que les lleva entre cinco y seis años. Posteriormente, si quieren continuar en el sistema científico y cuentan con un buen promedio y antecedentes relevantes, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) permite la aplicación a becas para realizar el doctorado. Los requisitos para obtener una beca del Conicet son muy exigentes. Si el recorte se lleva adelante, es muy probable que el acceso a estas becas se restrinja más aún. El doctorado tiene una duración promedio de unos cinco años y luego de eso se prosigue con lo que se conoce como posdoctorado, que dura dos años más y que es recomendable realizarlo en un lugar diferente, geográfica y temáticamente, al que se hizo el doctorado. Finalizado todo este período de preparación, las personas llegan capacitadas para concursar para ingresar en la altamente competitiva CIC, que tiene por objeto favorecer la plena y permanente dedicación de los investigadores a la labor científica y tecnológica original, estimular a todas las áreas que sean de interés nacional y fomentar la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad.

El presupuesto 2017 reduce la capacidad para disponer de nuevas vacantes para ampliar la planta de investigadores que era uno de los puntos que se habían planteado el ministro en su gestión anterior: llevarla desde una relación de tres investigadores cada mil personas de la población económicamente activa a 5/1000.

Si no puede entrar personal nuevo al Conicet, la planta de investigadores envejece y los doctores en todas las disciplinas, que tanto cuesta formar, a sus 30-32 años ven muy reducidas las oportunidades laborales. Ante esa situación, no les queda más remedio que irse del país, porque en el resto del mundo siempre van a querer tomar personal altamente capacitado por la inversión de otros pero que produzca para ellos.

La situación es preocupante y requiere de un análisis lo más amplio posible de la coyuntura que incorpore las nuevas conflictividades, pero también que ponga en claro relieve los problemas estructurales que se arrastran de la gestión anterior. Es importante que se defina con claridad el rumbo que tendrá el país en materia de ciencia y tecnología, sobre todo y más que nada para que quienes están estudiando hoy en día con la esperanza de ser los futuros investigadores del país no vuelvan a emigrar masivamente como ya ha sucedido tres veces en nuestra historia reciente.

El autor es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas (UBA). Realizó su posdoctorado en la Universidad de California. Es investigador adjunto del Conicet y docente universitario.