Es una exigencia maquillada como “invitación a adherir” en mejoras del procedimiento de control, tal como detalla la carta de la DGA (Dirección General de Aduanas) que algunos reciben por estos días.

Pero en definitiva, para los cerca de 15 exportadores mendocinos hasta ahora habilitados a despachar sus cargas directamente en planta, tener que invertir no menos de 90 mil dólares en un escáner significa un costo elevado para mantenerse en el régimen de facilidades, entre otras condiciones del ente que ya comenzó a suspender esas ventajas. 

Inicialmente, la problemática tuvo como epicentro la zona Sur pero parece ir expandiéndose, y comprende a distintos rubros, como aceiteras, empacadoras y secaderos, conserveras y algunas bodegas, que en principio deben tener el equipo en pleno funcionamiento para diciembre de 2015.

Sólo en San Rafael, donde un 60% de las empresas exportadoras utilizan la “aduana en planta”, 4 empresas ya recibieron la carta-intención en la cual se les “sugiere” adoptar cambios, aunque con pura sintonía fina: se suspende la aduana hasta que se hagan las modificaciones.

Consagrada en la Resolución general de AFIP 2977/10, el sistema de “aduana en planta” es uno de los dos, junto al de aduana “a domicilio”, que el organismo mantenía desde hace tiempo para facilitar el movimiento logístico de mercadería a los exportadores que manejan cierto volumen y facturación.

A diferencia del segundo (especie de sucursal permanente de la DGA dentro de la empresa), implica que al momento de estar lista la carga, personal de Aduanas se hace presente para agilizar el trámite de despacho y las firmas ahorran de esta manera tiempo y dinero.

“La Resolución 2.977 establece las condiciones y requisitos para la habilitación de una planta para exportación. El sistema implica pagar horas extras al personal de Aduanas y ya en 2013 hubo que implementar cámaras de TV, pero en ningún párrafo o artículo de la norma se exige un escáner. Es potestad de Aduanas ponerlo. Además, ante la pérdida de rentabilidad es un costo adicional que la industria no puede afrontar”, señaló Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo (CACE).

La entidad solicitó días atrás una audiencia a la responsable de AFIP en la provincia, Laura Bologna, pero hasta el viernes pasado no tenían respuesta. Mientras tanto los casos se acumulan, como el costo de tener que enviar nuevamente los contenedores a Puerto Seco o depósito fiscal, sin contar la preocupación de que sea una puerta abierta a otras “invitaciones”.

Un ejecutivo de una bodega que gozaba del sistema hace tiempo,  consideró “absurda” la medida. “El escáner es para una carga consolidada, no cajas o palets. Esto, sin contar la  decisión de cargarlo al exportador”, redondeó.

Pedir o exigir, la diferencia

Lo cierto es que, aunque no hay una resolución escrita, de a poco los exportadores sienten el principal efecto de la medida: sin tiempo para ajustarse, pierden la ventaja de poder despachar su mercadería sin pasar por Puerto Seco. Y, por lógica, tienen que recalcular tiempos y presupuesto.

Actualmente, hay 7 depósitos fiscales habilitados por Aduanas en Mendoza a los que alguna vez se les exigió un escáner. Entre otros, varias empresas transportistas, como Tracsa, Messina, Simonassi y Multimodal Logística.

Para Daniel Camacho, titular de la empacadora y exportadora de frutas desecadas Nevada Argentina, “hasta ahora era comprensible que se pidieran esfuerzos para propender a un mejor control. Pero nos acercan una nota para firmar e inmediatamente recayó la suspensión. Es lo que no se entiende, que no exista un tiempo para reacomodarse”.

En línea con la visión de otros afectados, según Camacho, que sufrió la suspensión el 26 de junio, “tampoco es fácil firmar, por el tenor de la inversión”.

Pese a los reiterados intentos de Los Andes, desde la Regional Mendoza de la DGA no hubo información demasiado explícita sobre los motivos ni detalles precisos del alcance de la nueva disposición.

“Hay una resolución general a la que ajustarse. Las plantas se habilitan o inhabilitan conforme a la 2977. Y son los administradores de Aduanas los que lo hacen si no cumplen con las condiciones establecidas. Es una actividad normal”, se limitó a expresar el jefe de la Regional, Rolando Rodríguez.

Asimismo, y respecto de la condición de introducir mejoras, el responsable local del organismo admitió que “no hubo ninguna notificación formal. En caso de suspensión de plantas es por alguna causal de incumplimiento”.