La situación de postergación de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla desembocó en un fuerte impacto de presentaciones y manifestaciones por parte de diferente sectores del gobierno provincial y nacional donde no se distinguieron banderas políticas, sino el marcado interés de poder articular fundamentos que lleven a la solución efectiva de más de diez años de lucha.

El presidente del bloque de diputados justicialistas Rubén Armando Rivarola dio a conocer su postura manifestando: “es necesario dar fiel cumplimiento a los derechos de los trabajadores que surgen del proceso de transferencia al sector privado de la empresa Altos Hornos Zapla”. Agregó que “la situación no es saludable para ninguna ciudad, hoy Palpalá se ve sometida a un fuerte aumento de desempleo regional, lo que muestra un claro impacto negativo en los indicadores de pobreza e indigencia. Y Palpalá no se lo merece”.

Con la privatización de AHZ y la reestructuración llevada a delante por parte de los adjudicatarios, la actividad económica de Palpalá y su periferia no encontró actividad alternativa que pudiera evitar la reducción en las fuentes de empleo. Se agrega que los 709 trabajadores que pasaron desde la ex planta de Altos Hornos Zapla, habían solicitado el retiro voluntario de la empresa que no les fue concedido y que debían continuar prestando servicios en la nueva empresa de la cual iban a ser propietarios del 10 % del paquete accionario en concepto del Programa de Propiedad Participada, “que como vemos jamás se implementó”, advirtió el legislador y acotó “creo que reglamentar una norma, es la forma acertada, para determinar las condiciones en las que se debe dar cumplimiento a las obligaciones que como garante el Estado debe cumplir”.

Rivarola añadió que “como parte de él voy a acompañar todas las gestiones que se realicen”.

El presidente del bloque de diputados justicialista también sumó es esto, “que no se deben olvidar los antecedente legales que resolvieron temas similares, como por ejemplo el caso de los ex trabajadores de Somisa, YPF, que encontraron un marco legal y hoy se puede decir que ya tiene respuesta”.

Antecedentes

En julio de 1992, entre las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem, se concretó la de AHZ, industria que empleaba a casi 5.000 obreros y empleados, resultando adquirente la sociedad anónima Acero Zapla con el Citibank cono agente financiero.

Según la privatización, se debía mantener por 10 años la actividad de los centros siderúrgicos forestal, minero y de acuerdo a las obligaciones emergentes del pliego de bases y condiciones y la adjudicataria debía integrar el programa de propiedad participada con, mínimo el 10 % del capital social, con la entrega de las acciones, sus dividendos y el pago del bono de participación de ganancias. No pasó.