Estuvieron presentes además: Hugo Yanqui (CTA), Martín Sabbatella (EDE), Chino Navarro (FPV), Daniel Goldman (CPM), Carlos Raimundi, Ariel Basteiro, entre otros representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y gremiales, expertos en seguridad, académicos y referentes de diferentes fuerzas políticas.

Las organizaciones presentaron un documento con propuestas para abordar el problema de la violencia policial, inspirado en los principios del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD), que la Comisión por la Memoria y el CELS impulsan desde 2009.

SINTESIS DEL DOCUMENTO ASD PBA

Los hechos de violencia ocurridos este mes requieren respuestas estructurales del gobierno provincial. Deben reemplazar definitivamente el modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes.

La prevención del delito eficiente y respetuoso de los derechos humanos demanda un sistema policial subordinado a las directivas de seguridad pública de las autoridades gubernamentales.

Ha quedado demostrado que la autonomía policial conduce a respuestas policiales violentas y represivas. El autogobierno habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad.

La unificación de las responsabilidades de seguridad y de justicia en un solo ministerio contribuye a sostener el autogobierno policial, ya que reduce las capacidades institucionales y delega mayormente la gestión en las cúpulas policiales.

El poder estratégico y administrativo sobre una fuerza de 52 mil efectivos y un presupuesto anual de casi 5.000 millones de pesos no puede recaer en un solo Jefe de Policía y unos pocos comisarios generales.

Es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita encontrar soluciones perdurables a las demandas sociales de seguridad. El debate debe incluir a las diversas fuerzas políticas, las organizaciones sociales, sindicales y religiosas, las universidades, entre otras.

Dentro de los principios que guían el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) proponemos algunos lineamientos que deberían formar parte de la agenda de seguridad y de reforma policial de la provincia de Buenos Aires.

Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas

Es imprescindible que el gobierno provincial muestre un fuerte compromiso con el avance de las investigaciones judiciales y administrativas para individualizar y sancionar a los responsables de las ejecuciones de José León Suárez y Baradero. Tratándose de ejecuciones policiales, el Estado tiene la obligación de investigar de manera completa, independiente e imparcial.

Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad: diseño de una estructura de gestión civil y conducción estratégica de la Policía Bonaerense.

Retomar el gobierno y el control civil de la gestión de la seguridad en lo vinculado con la autoridad disciplinaria, la producción de información y la administración de emergencias y de evaluación operativa de la fuerza policial. Se debe descentralizar la gestión policial bajo la dirección de las autoridades políticas.

Es necesaria la conformación de un Ministerio de Seguridad responsable de la gestión gubernamental de los asuntos de la seguridad pública. Para esto, hay que reformar la ley que regula las competencias de cada una de sus dependencias para lograr el control de la agencia policial.

Desarrollar la capacidad de investigación judicial y terminar con la impunidad. Creación de la Policía Judicial.

Los problemas de seguridad están ligados las condiciones estructurales que garantizan impunidad. Muchas veces los delitos cometidos por policías bonaerenses son investigados por miembros de la misma fuerza.

Tal como exige la Constitución, se debe crear una policía judicial dependiente de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs As.

Así aumenta el grado de independencia y eficacia de las investigaciones judiciales y disminuye la discrecionalidad policial para el armado u ocultamiento de causas.

Implementar protocolos de actuación y de uso de fuerza

Reglamentación y control del uso de la fuerza, la forma de proceder en las detenciones y el diseño de operativos frente a grandes concentraciones de personas: espectáculos, desalojos, protestas sociales o resistencia a una acción policial.

Establecer estándares de actuación en el espacio público para asegurar un uso proporcional, racional y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

Implementar instancias de control interno y externo

Creación de un organismo independiente de investigación administrativa compuesto por civiles. La potestad de realizar sumarios y de aplicar sanciones disciplinarias no debe estar en manos del jefe de la fuerza sino de la dirección civil.

Recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la seguridad pública establecidos por la ley 12.154.

Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud

Los jóvenes de sectores vulnerables son las víctimas directas del accionar policial descontrolado. Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. La intervención policial en las escuelas tampoco soluciona la problemática de la niñez.

Es indispensable la implementación de programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos sin discriminación alguna. El Estado tiene la obligación de estructurar políticas públicas concretas para protegerlos sin represión ni encierro, respetando la mirada integral de sus derechos. Asimismo, el Defensor del Niño y el Observatorio Social prescriptos en la ley 13.298 deben constituirse en dispositivos estratégicos para asegurar el pleno ejercicio de derechos.

Financiar el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos

Es imprescindible contar con el financiamiento necesario la implementación de políticas públicas activas que desarrollen una intervención social protectora de los colectivos sociales más desfavorecidos, que sufren los efectos de la violencia social y policial. Se debe sancionar la Ley de Financiamiento para el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos que garantice su funcionamiento.

Firman el comunicado: CPM, CELS, HIJOS – Capital Federal, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, CTA, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, organización Conoce tus derechos.

Firmas representantes políticos: Ariel Basteiro, Fernando Chino Navarro, Alicia Comelli, Sandra Cruz, Edgardo De Petri, Mónica Fein, Carlos Alberto Fernández, Rafael Gentili, Ricardo Gil Lavedra, Eduardo Macaluse, Oscar Negrelli, Liliana Piani, Héctor Recalde, Martín Sabbatella, Adela Segarra.

Organizaciones sindicales: SUTEBA, CTA provincia Bs As, Asociación Judicial Bonaerense, Federación Judicial Argentina, CTA Nacional.

Académicos: Red Nacional de investigadores del Acuerdo de la Seguridad Democrática (ASD), Verónica Cruz (UNLP), Alicia Daroqui (UBA), Enrique Font (UNR), Mario Juliano (Asociación de Pensamiento Penal), Norberto Liwski (Comité para la defensa de la salud, la ética y los DDHH), Marcelo Saín (UNQ), Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires y siguen las firmas.