El visto bueno para la desocupación del predio tomado en Villa Lugano desde el 24 de febrero último puso en alerta, otra vez, a los habitantes del asentamiento.

Ayer a la tarde la jueza María Gabriela López Iñiguez ordenó que se conforme una "mesa técnica interinstitucional" en donde el Ministerio Público Fiscal, la Policía Metropolitana y el resto de los organismos de la ciudad afectados al procedimiento diseñen la ejecución de la orden convalidada anteayer por la cámara.

Como contrapartida, 30 diputados porteños le pidieron a la magistrada que "por el momento" no mande el desalojo y le manifestaron su intención de lograr una "salida dialogada" del conflicto. Referentes sociales que apoyan a los "okupas", como Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), advierten que si la policía desaloja el lugar, puede haber "una masacre", ya que también se deberán enfrentar con los habitantes de la villa 20 que apoyan la toma del predio.

También le adelantaron a la jueza que el próximo martes se tratará en la Comisión de Vivienda de la Legislatura el proyecto de ley 312-D-2014, que crea la "mesa multisectorial de diálogo para la urbanización de la villa 20", que integrarán legisladores, representantes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión social (Sechi) y del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno porteño, el defensor del pueblo de la ciudad, representantes de la vicaría de curas villeros y de la Pastoral Social y delegados de los habitantes del barrio.

En la víspera ya sumaban un millar los ocupantes del predio en pugna, situado en Fernández de la Cruz y Pola. Ellos mismos cerraron las entradas al lugar para impedir el ingreso de las fuerzas policiales, algo que, finalmente, ayer no ocurrió.

"Vamos a resistir pacíficamente, como lo venimos haciendo hasta ahora. Nos vamos a agarrar a lo que sea, nos vamos a encadenar si es necesario, pero de acá no nos vamos", dijo ayer Sofía Duarte, enfáticamente, a LA NACION. Detrás de ella, un numeroso grupo discutía en asamblea cuáles serían los próximos pasos por seguir.

Matías, uno de los referentes, aseguró a esta cronista que estarían dispuestos a ir moviéndose dentro del lugar mientras es saneado de manera parcial. El terreno está contaminado, pues allí funcionaba un depósito de autos secuestrados por la Policía Federal. Su limpieza fue ordenada al gobierno por la Justicia y es requisito previo a la urbanización del lugar, resuelta por ley en 2005.

En el barrio Papa Francisco, como fue bautizado por los "okupas", unos deliberaban y otros esperaban el devenir de los sucesos sentados en sillas o sobre el suelo, tranquilos y con la infaltable compañía del mate. Como Teresa Díaz, de 42 años, que con tono monocorde dijo a LA NACION: "Éste ya es nuestro nuevo hogar. No estamos pidiendo que nos regalen una casa, sólo queremos un terreno como éste, donde construir nuestras casitas con nuestro propio esfuerzo".

Un par de semanas atrás, Díaz y los otros seis integrantes de su familia, dos de ellos chicos, se turnaban para dormir en una carpita. En el resto del lote sólo había algunas ollas desparramadas. Ayer, uno de sus hijos miraba la televisión recostado sobre un colchón y bajo un techo improvisado con una lona azul. El joven estaba en una de las dos casillas que sus padres habían levantado con maderas.

El asentamiento va tomando forma. Ya no es un extenso terreno dividido con sogas, sino que en él hay lotes demarcados y angostos pasillos para caminar delimitados con sogas y estacas, y las construcciones de distinta índole se adueñaron del paisaje..