El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones -acompañado por bioquímicos de la fuerza- y, de acuerdo a los pocos detalles que trascendieron, se secuestró de un producto similar al bromato, cuyo uso en panes, facturas y pizzas vendidas en las panaderías La Posta, Crocante y El Abuelo Julio, pertenecientes a José María Jamad, produjo una intoxicación masiva.

El próximo paso de Ralli será disponer en qué laboratorio se efectuará el análisis correspondiente, aunque fuentes confiables dejaron trascender que es difícil pensar que la sustancia incautada sea bromato. De hecho, la intoxicación que afectó a media centenar de personas ocurrió hace cinco semanas, por lo que en este tiempo cualquier prueba incriminatoria pudo haber desaparecido o haber sido destruida.

Si la justicia centró su mirada en la distribuidora Lomas Pampa fue porque el propio Jamad la habría identificado como uno de los lugares que proveen a su cadena de panaderías. La firma se presenta como proveedora de panaderías y confiterías y ofrece ventas al interior por mayor y menor. Uno de los productos que comercializa son, justamente, los aditivos para panificados. ¿El resto? Grasas, levaduras secas, levaduras frescas, margarinas, dulce de leche, mermeladas, harinas, azúcares, aceites, conservantes, premezclas, jaleas, dulces y cerezas.

La noticia sobre la intoxicación se conoció el segundo fin de semana de enero, y el lunes 10 el municipio clausuró preventivamente a las panaderías de Jamad por 20 días. Cinco días después, el fiscal Mauricio Piombi pidió información sobre esas actuaciones y también acerca de los estudios bromatológicos que la comuna había realizado en su laboratorio.

El 24 de enero, el Juzgado Municipal de Faltas le entregó a la fiscalía las conclusiones de estudios más específicos efectuados por el laboratorio IACA de Bahía Blanca. Recién el jueves 27 Piombi promovió la apertura de la causa penal, requiriendo una extensa baterías de medidas. La jueza de instrucción que estaba de turno, Florencia Maza, dispuso algunas de ellas (fundamentalmente pedidos de informe).

Ralli recibió el expediente el martes 1 -luego de la feria judicial del verano- y hasta antes del allanamiento le había solicitado documentación a la Municipalidad y le había tomado declaraciones a tres testigos: los dos inspectores que encontraron los alimentos en mal estado y la directora provincial de Epidemiología, Claudia Elorza.

El bromato de potasio fue el mejorador más utilizado en el mundo de los panaderos, pero en la Argentina su uso en productos panificados fue prohibido en 1995 -por una comisión investigadora del Ministerio de Salud de la Nación- porque es un aditivo de acción cancerígena. Esta última afirmación fue avalada por el Comité de Expertos en Aditivos Alimenticios de la Organización Mundial de la Salud.

Lo que se investiga en el tribunal es si se cometió el delito de envenenamiento, y si hubo negligencia. El laboratorio de alta complejidad bahiense determinó que en los productos panificados había 104 partes de bromato por millón (no pudo determinar si era bromato de potasio o de sodio), lo que equivale a 10,4 gramos del aditivo por cada 100 kilos de harina; o sea 5,2 veces más de lo máximo que se permitía hasta hace 16 años.