La jueza federal Iara Silvestre dictó el sobreseimiento de todos los funcionarios provinciales que habían sido denunciados por el empresario Néstor Rosón por evasión tributaria y apropiación de fondos públicos.

Rosón, propietario de una empresa de servicios y quien mantiene una larga disputa con el Gobierno provincial a quien le reclama por la liquidación de haberes, había apuntado sin medias tintas contra el gobernador Oscar Mario Jorge, la asesora letrada Daniela Vassia, el entonces secretario general Raúl Ortiz (hoy ministro de Bienestar Social), el ministro de Salud Mario González, el subsecretario de Administración Facundo García Ancín, el contador general Agustín Hernández, el fiscal de Estado José Vanini y y al abogado del ministerio de Salud, Raúl Taverna.

A Jorge, Ortiz y González los había acusado de “evasión fiscal y asociación ilícita para cometer evasión fiscal”; a García Ancín, Vanini, Hernández y Taverna, como “partícipes necesarios”; y a Vassia como “instigadora”. Adujo que el Poder Ejecutivo omitió “ex profeso la incidencia fiscal” cada vez que la firma solicitó la redeterminación de sus contratos.

Pero en la resolución de la jueza, que fue notificada a las partes en las últimas horas, se indica que los hechos “no se cometieron” y además “no se encuadran en una figura legal”.

Argumentos

En la denuncia, Rosón argumentaba que “al ser el propio Ejecutivo agente de retención de impuestos, cada año nos retuvo el porcentual que fijan las leyes impositivas; pero ese dinero en realidad pertenecía a la masa salarial de los empleados, cuyos aumentos son reconocidos por la ley 2271 que autoriza a redeterminar precios”.

“Los receptores de las facturas, quienes deben abonarlas (los funcionarios actuantes) se negaron a reconocer y pagar los impuestos de ley de orden nacional (IVA) y provincial (Ingresos Brutos), invocando cada año el dictamen 233/08 de la asesora letrada Vassia, que es como ella misma lo reconoce, una mera opinión ni siquiera fundada en derecho”, agregó.

Juicio político

Rosón es titular de Multiservicios Rosón. Ha realizado marchas junto a sus empleados y numerosas denuncias, incluso contra el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Esta semana presentó un pedido de juicio político contra el ministro González. Lo acusó de hacer un “raid delictivo” con sus expedientes y le imputó dos figuras de la Ley de Juicio Político y un abanico de figuras penales que llega hasta la asociación ilícita para perjudicar al Estado.

Para el denunciante, el rechazo de González a sus notas invocando ese dictamen de Vassia configura “una falta susceptible de poner en marcha el proceso del Juicio Político”. Según Rosón, el funcionario lo hizo con “la absoluta intención de evadir impuestos y saquear los mismos de la masa social”.

Además le imputó rechazar sus pedidos de redeterminación de precios presentados en los años 2009, 2011 y 2012, haber prorrogado los contratos en las mismas condiciones pero en nuevos expedientes y “severas irregularidades” que constan en un expediente del año 2013, en el que se adjudicó “a una oferta inválida” cuando la suya era la única válida.

El pedido de juicio político es bajo las figuras de incumplimiento de deberes de funcionario público, mal desempeño, evasión impositiva y promover la precarización laboral. Además, acusó a González de integrar “una asociación ilícita cuyos fines son inextricables, pero que viola sistemáticamente toda ley y norma vigente”.