En ese marco, el propio magistrado señaló que su juzgado “ha avanzado muchísimo” en las causas por delitos cometidos en la última dictadura militar y calificó de “parcial y malintencionado” el informe.

“En La Rioja se ha avanzado muchísimo en lo que es causas contra delitos de lesa humanidad”, afirmó el juez Federal de primera instancia de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena. Desmintió así el informe difundido en las últimas horas por la agencia de noticias estatal Télam, al que calificó de “parcial y malintencionado”.

Basado en un relevamiento de la Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, la agencia de noticias del Estado, publicó un crítico informe sobre la situación judicial de nuestra Provincia en materia de delitos de Lesa Humanidad.

Según da cuenta, solamente hubo una condena –en el homicidio del conscripto Villafañe– en La Rioja, desde la anulación de las leyes de impunidad, impulsadas durante la presidencia de Néstor Kirchner, en el año 2003. En tanto, hay 12 causas abiertas, que contabilizan alrededor de 100 víctimas, y de las cuales 11 se encuentran en etapa de Instrucción. La restante, ya fue elevada a juicio, sin fecha de inicio.

Reseña el mismo informe que la lista de imputados en La Rioja supera los 70, pero solamente la mitad ha sido llamado a prestar declaración indagatoria y, de ellos, sólo 17 fueron procesados.

“La Unidad, lo que ha informado, es una visión parcial”, dijo al respecto, el magistrado riojano. “Acá le consta al mismo fiscal que interviene en las causas (Darío Illanes), cómo se está trabajando”, agregó.

Recordó, por ejemplo, que la causa por los crímenes de los sacerdotes Longueville y Murias fue elevada a juicio en 2008. “Es una causa emblemática para La Rioja, que nosotros la sacamos adelante”, manifestó. Si bien el debate estaba previsto para marzo de este año, fue suspendido y aún no tiene fecha. Además, explicó que, finalizada la etapa Instructoria, la causa no está ya en sus manos, por lo que, no es de su competencia la demora.

En cuanto a la llamada “Megacausa Menéndez”, Piedrabuena relató que se trata de muchas causas dispersas que se acumularon. Históricamente, la investigación estuvo en manos de la Fiscalía, hasta que formalizó el requerimiento. “Yo después asumí la investigación, en base a lo que había reunido el fiscal y se dictó una resolución”, señaló. Este fallo fue luego apelado y revocado por la Cámara Federal.

Asimismo, el magistrado explicó que las causas son demoradas por cuestiones procesales que deben ser resueltas. Dijo que hay cerca de 80 incidencias planteadas por los abogados defensores que, además, son oficiales.

En igual línea, reiteró que el informe de la Unidad Fiscal de Seguimiento es “parcial y malintencionado, al atribuirme a mí resoluciones que son competencia de otro Tribunal”.

Finalmente, Herrera Piedrabuena reconoció que en causas por Lesa Humanidad, “La Rioja no somos los primeros, pero se ha avanzado muchísimo”.

QUÉ DICE EL INFORME DE TÉLAM

Hace especial hincapié la nota de Télam, en la causa que investiga el homicidio del obispo Enrique Angelelli, ocurrido en 1976. Dice al respecto, que los procesamientos de los imputados –Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Jorge Rafael Videla, Juan Carlos Romero y Luis Estrella– se encuentran apelados y pendientes de resolución. Sin embargo, el fallo está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Más adelante, el informe critica que, pese al pedido conjunto del fiscal Darío Illanes y de la Unidad Fiscal de Seguimiento para que se realice una imputación conjunta y el procesamiento en un solo acto, el juez desvinculó a la mayoría de los acusados, pese a la prueba reunida. “Como resultado, actualmente se llega a contar con cinco causas conexas a Menéndez, cada una en diferentes etapas de avance procesal, pese a que en todas se investiga el mismo hecho histórico, con testigos y prueba en común”, reza el informe.

Tras una apelación, el fallo del juez fue apelado y la Cámara interviniente le dio plazo hasta el 5 de julio –es decir, hasta pasado mañana–, para que dicte una nueva resolución.

En el informe, se exponen también las demoras del juez en resolver las situaciones procesales de los imputados indagados, en la mayoría de las causas en Instrucción, el “sistemático” lugar que hace a las presentaciones de la defensa, pidiendo la suspensión de las declaraciones indagatorias y la concesión del beneficio de la detención domiciliaria ante argumentaciones “infundadas”, medidas que contribuyen a dilatar el proceso judicial.