La medida perdurará hasta que se realice el juicio, que estaba previsto para los días 4, 5, 6 y 7 de febrero pero fue postergado para el 20 de ese mismo mes, a raíz de una ausencia del abogado defensor de Fernández.
La resolución lleva la firma del juez Filinto Rebecchi. La medida regirá hasta que se realice el juicio oral y público que estaba previsto para los días 4, 5, 6 y 7 de febrero pero fue postergado para el 20 de ese mismo mes, a raíz de una ausencia del abogado defensor de Fernández.
Marcos Paz había catalogado la prisión domiciliaria que dictó el juez de Audiencia Eduardo Olmos como “exagerada...nosotros estamos pidiendo otro tipo de medida, como por ejemplo una restricción de acercamiento”, dijo en declaraciones a El Diario.
Esa posibilidad fue desechada por el TIP. Antes de la apelación se habían generado algunas dudas respecto al planteo judicial correcto. Según explicó el propio abogado Marcos Paz, el nuevo Código Procesal Penal no dejaba en claró cuál era el camino a seguir. En concreto, había dudas sobre si correspondía una apelación (a la decisión de otorgar la prisión domiciliaria) o una impugnación.
En una primera instancia, el juez Olmos rechazó el pedido de apelación que finalmente aceptó el Tribunal de Impugnación Penal. Sin embargo, el mismo TIP rechazó el otorgamiento de la medida con la que pretendía contar Fernández.
En casa
La Justicia ordenó el pasado martes 27 de noviembre la prisión domiciliaria a Marcos Fernández, el puntero del PJ que el año que viene irá a juicio por el abuso de su hijastra.
La decisión se tomó luego de que Fernández también fuera denunciado por amenazas, a raíz de que podría intimidar a la víctima o a testigos del juicio que se realizará en febrero de 2013.
La prisión domiciliaria fue dictada por el juez Eduardo Olmos, aunque el fiscal Carlos Ordás había reclamado directamente la prisión preventiva. El magistrado no la consideró necesaria.
Fernández fijó como punto de residencia la casa 12 de la calle Sergio López, casi Schmidt. El encuentro en que se comunicó formalmente la decisión fue una “audiencia de medida de coerción”.
Fernández es empleado de la Municipalidad de Santa Rosa. Su hija, de 23 años, lo denunció el 4 de junio de 2011 por hechos supuestamente ocurridos de manera permanente durante los años previos.
En los autos de la elevación a juicio, la jueza de audiencia Laura Armagno dio por acreditado que Fernández abusó de su hija “desde los 12 a los 18 años de edad”.
El acusado se desempeñaba en Adultos Mayores como “coordinador” de los Cumelén de la comuna santarroseña. Antes trabajó en el Concejo Deliberante, durante el año 2002 y después pasó al menos por dos comedores municipales.
Aunque no es el padre biológico de la joven, Fernández la reconoció como tal y le dio su apellido a los once años, sin necesidad de someterse a ningún análisis de ADN.
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