Entre las últimas reasignaciones presupuestarias que el Gobierno impuso por decreto sobre fines del año pasado, figura un aumento de 81 millones de pesos a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral. Con esta suba, ambas aerolíneas recibieron en total 2800 millones de pesos en 2010, un 60 por ciento más de lo que había sido presupuestado y luego aprobado por el Congreso originalmente.

Así lo advirtió el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), quien indicó a La Nación que desde 2008 ambas empresas aéreas insumieron 6500 millones de pesos del Estado, lo que equivale a un 75% de la asignación universal por hijo.

El legislador alertó que los fondos que se destinan a Aerolíneas Argentinas y a Austral constituyen un verdadero "agujero negro, ideal para el manejo discrecional" del Gobierno, ya que se desconoce el destino de esos recursos.

Entre otras irregularidades la gestión de Mariano Recalde contrata a costosas consultoras de prensa para intentar frenar las filtraciones de los numerosos escándalos de su gestión. Contrataciones los voceros de la compañía se niegan a explicar, así como tampoco son públicos los balances de la empresa, que se financia con fondos del Estado. Esta impunidad administrativa se construye en base a una ficción jurídica alentada por la gestión Recalde, en los papeles, Aerolíneas sigue siendo privada.

"Esto se funda en la demora en el proceso de expropiación de las aerolíneas (que estaban en manos de la española Marsans), lo que las transforma en una especie de híbrido que no rinde cuentas a nadie, aunque es administrada por el Gobierno. Para colmo, los funcionarios no presentaron un solo balance desde entonces", advirtió el diputado Ferrari.

El legislador sostuvo que esta falta de transparencia en la administración de estos recursos es ilegal, por lo que presentó un proyecto de ley en diciembre último, por el cual propone sujetar a ambas empresas aéreas a los controles que establecen la ley de procedimientos administrativos; el régimen de contrataciones del Estado y la ley de administración financiera.

"Es fundamental que Aerolíneas y Austral sean sometidas a los controles como cualquier otra empresa en manos del Estado y financiada con dinero, no del Gobierno, sino de todos los argentinos. Tenemos el derecho de conocer el destino de nuestros fondos públicos", sostuvo.

Según el legislador, fuentes del sector estiman que los costos operativos de la compañía serían 40% superiores al promedio de la industria y sus ingresos un 10% inferiores.

El diputado Ferrari cuestionó las maniobras reiteradas del Gobierno de asignar recursos públicos sin autorización del Congreso.

"El Poder Ejecutivo impide no sólo determinar democráticamente la áreas prioritarias para la asignación de recursos, sino que también pretende evadir cualquier control", insistió.