El gobierno brasileño enfrenta una rebelión interna a raíz del nuevo plan de derechos humanos enviado al Congreso por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que tiene como objetivo crear una Comisión Nacional de la Verdad para investigar los crímenes de la última dictadura militar, que también fue objetado por la oposición, la Iglesia Católica, el sector agropecuario y las empresas de medios de comunicación.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, el ministro Jobim, un civil ex presidente del Supremo Tribunal Federal, dialogará esta semana con Lula para intentar cambiar parte del texto, tal como reclaman los militares. Los jefes de las tres fuerzas piden que en caso de que se instale la Comisión de la Verdad también sean investigados supuestos delitos de la resistencia armada, según dejaron trascender fuentes castrenses.
El diario Folha de S. Paulo informó ayer que el ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannucchi, podría renunciar en caso de que Lula cediera a la presión de Jobim.
El segundo frente interno abierto en el gobierno se produjo con Stephanes, quien alertó sobre la "inseguridad jurídica" del Programa Nacional de Derechos Humanos.
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