En primera instancia, el Tribunal Oral Federal deberá resolver una serie de recusaciones presentadas por abogados defensores de los imputados, antes de proseguir con la lectura de la requisitoria fiscal, que quedó trunca la semana pasada ante los planteos de los letrados.

En la sesión del miércoles pasado, el presidente del Tribunal, José María Pérez Villalobo, fue cuestionado por un abogado, que evocó la supuesta “dependencia del Poder Político” del juez. Pérez Villalobo dejó la presidencia en manos de su par Marcelo Alvero, hasta que se resuelva la recusación.

También fue criticada la presencia del Fiscal Ad Hoc de Mendoza, Dante Vega, por su pertenencia al grupo “Justicia Legítima”.

Una vez que el TOF comunique su resolución sobre los planteos, se podrá continuar con la lectura de las acusaciones.

El proceso intenta determinar la participación de 30 acusados en la muerte y desaparición de 11 personas entre 1976 y 1983, y la privación ilegítima de la libertad, seguido de torturas y tormentos, contra otras 25. Los casos ocurrieron en San Luis, La Toma, Luján y Villa Mercedes.