En declaraciones al programa de Cristina Vicentin, el Ministro de Economía, Producción y Empleo del Chaco, Eduardo Aguilar, recordó que esa provincia no transfirió su caja previsional a la Nación, pero sí se tiene un convenio de armonización con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Ello le permite reembolsar fondos federales, pero si la norma que prima, sea una que jubile a los activos a los 40 años, genera déficit, es el gobierno provincial el que se hace cargo.

Bajo eses sistema, Chaco cuenta con un mecanismo de aplicación del 82% móvil, y año a año tiene los reintegros nacionales, que según indicó Aguilar se cumplen al pie de la letra. Con ese procedimiento, dijo el funcionario chaqueño, pueden mantener holgada la caja de previsión social.

La diferencia es contundente si se la compara con la provincia de Corrientes, que por estos días está imbuida en un gran debate entre el oficialismo y la oposición por la aprobación o no de una reforma de la ley vigente, en pos de alcanzar el anhelado 82% móvil.

Por un lado el gobierno que conduce Ricardo Colombi asegura que de sancionar esa norma se pone en riesgo el financiamiento del Instituto de Previsión Social, consecuencia que por acuerdos con la Anses, este organismo dejará de remitir recursos al no estar en sintonía con su normativa.

Ello en alusión a si la Ley sale aprobada con la modificación que trata de imponer un prorrateo de los 10 mejores años de la carrera laboral. Pero desde la oposición, llámense legisladores del justicialismo y liberalismo sostienen todo lo contrario.

Que es cuestión de encontrar un financiamiento, por medio de recupero de fondos que están trabados a nivel nacional, 100 millones que adeuda la Anses, y otros 300 que debe el Ejecutivo Provincial.

En esa puja están trabados hace varias semanas y el proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado sigue a la espera de tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, que se convirtió por ese tema en un atril proselitista de los bandos oficialistas y opositores. En tanto eso ocurre, varios pasivos provinciales recurren a la justicia para conseguir por esa vía el 82% móvil.