Por Luisa Corradini

PARÍS.- Realpolitik obliga... Tras once años de titubeos y dos de congelamiento, la Unión Europea (UE) reactivó oficialmente el proceso de adhesión de Turquía al bloque. El presidente Recep Tayyip Erdogan se comprometió, a cambio, a controlar el flujo de migrantes, sobre todo sirios e iraquíes, que transitan por su territorio hacia Europa. Por ese esfuerzo recibirá 3000 millones de euros.

Tres ministros acompañados de una importante delegación viajaron anteayer especialmente a Bruselas, donde se realizaba un consejo europeo de cancilleres de la UE. La negociación tenía como objetivo abrir un nuevo capítulo del procedimiento de adhesión, esta vez consagrado a la política económica y monetaria turca.

En otras palabras, esa reapertura está destinada a permitir que Turquía -país de 78 millones de habitantes, de mayoría musulmana- haga las reformas necesarias para acercarse a los estándares europeos a fin de poder, un día, incorporarse al bloque.

Pero tampoco era cuestión de ser totalmente hipócritas. Sebastian Kurz, el jefe de la diplomacia austríaca, tuvo la franqueza de reconocer que, sobre todo, se trataba "de lograr que Turquía nos ayude a que los refugiados no vengan a Europa".

Algo más diplomático, el presidente en ejercicio del consejo, el luxemburgués Jean Asselborn, subrayó que Europa necesita a Turquía como "socio estratégico" para la inmigración, la lucha contra el terrorismo, el comercio y la seguridad energética. En las actuales circunstancias, la Comisión Europea (CE) hace así caso omiso de la posición oficial de su presidente, Jean-Claude Juncker, según el cual "no habrá nuevas ampliaciones antes del fin de su mandato", en 2020, aseveración que muchos interpretaron como un "nunca más".

El comisario responsable de la ampliación de la UE, Johannes Hahn, subrayó, en todo caso, que Ankara debe dar cuenta de "ciertos incumplimientos" en el terreno de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la libertad de expresión. La delegación turca se declaró "dispuesta a hacer lo necesario" para adherir, aunque se mostró evasiva sobre la libertad de prensa.

Otras cuestiones sensibles fueron evocadas entre los cancilleres de los 28 países de la UE y el canciller turco, Mevlut Çavusoglu. Por ejemplo, la financiación del terrorismo y particularmente la exportación de petróleo que realiza a través de territorio turco la organización islamista radical Estado Islámico (EI) desde las zonas que controla en Siria. En su reciente enfrentamiento retórico con su homólogo turco, el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Erdogan de beneficiarse directamente de ese tráfico.

"Hablamos de ese tema, en efecto", reconoció la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sin dar más detalles.

"No hay pruebas y Turquía asegura que no financia a EI", declaró Asselborn.

A partir de ahora se multiplicarán las reuniones entre dirigentes europeos y turcos. En el segundo trimestre de 2016, la CE presentará un informe sobre la posibilidad de seguir adelante en el camino de la adhesión.

Dividido en 35 capítulos, ese proceso exige la unanimidad de los Estados miembros. Hasta el momento, se abrieron 15 capítulos con Ankara. Pero uno solo, la política científica, consiguió llegar a buen puerto. Chipre, país miembro de la UE, cuya parte norte está controlada por Turquía, bloquea seis de ellos desde 2009.

La represión de la minoría kurda y la multiplicación de violaciones de la libertad de prensa constituyen -entre otros- serios obstáculos en el proceso de negociación.

Fronteras

En todo caso, la Unión Europea parece dispuesta a actuar en todos los frentes para poner límite a la actual ola migratoria. El bloque triplicará en los próximos cinco años el presupuesto destinado a controlar sus fronteras exteriores. Esa tarea será desempeñada por la nueva Agencia Europea de Guardacostas y Fronteras, que reemplazará a la actual Frontex, según la propuesta presentada ayer en Bruselas por la CE.

Si se aprueba, la nueva agencia dispondrá de mayores prerrogativas. Entre ellas, el mantenimiento de una fuerza de reacción de 1500 hombres, capaz de ser movilizada rápidamente.

Su presupuesto anual, fijado actualmente en 114 millones de euros, aumentará hasta llegar a 322 millones en 2020.

En su proyecto, la CE sugiere asumir la capacidad de desplegar esa fuerza sin necesidad de autorización del Estado concernido, una idea resistida por varios países, que invocan el principio de soberanía.

Según las últimas estimaciones, 820.000 personas solicitaron asilo en la UE en los tres primeros trimestres de 2015. A ese ritmo, el total de pedidos superará el millón a fin de año.