Si se acepta, como hipótesis, que el padre de la jueza Sarmiento fue un torturador, como argumenta el Gobierno, la acusación no la invalidaba para pronunciarse en enero pasado sobre el decreto de reservas del Banco Central ni debería usarse para desmerecer su actuación.

A partir de hoy, el Gobierno está dispuesto a entrometerse en el arcón de los recuerdos para hurgar en cualquier desaguisado que haya cometido un abuelo o un tío, cualquier cosa que pueda manchar, salpicar o arruinar una carrera judicial, por efecto contagio.

Ayer, la jueza Sarmiento salió a denunciar que la detención de su padre era una "presión".

Tenía elementos objetivos para pensarlo así: en enero, después del decreto de necesidad y urgencia 2010/09, el primero que dictó la presidenta Cristina Kirchner para usar reservas, el Gobierno la intimidó poniéndole un patrullero para que la siguiera; después, la Procuración del Tesoro le abrió una causa penal y, en febrero, cuando el juez federal Daniel Rafecas la sobreseyó, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia le formuló otra denuncia penal.

Ayer, sin que el ex militar hubiera sido jamás citado ni notificado, el juez federal de Posadas ordenó su captura y su indagatoria: nunca se realiza de esa manera. Siempre hay una citación previa. Por la noche, revocó esas decisiones, por el avanzado deterioro de la salud del hombre.

Pero, a estas alturas, poco importa el caso penal del supuesto represor. Lo que vale es que, durante doce horas, el Gobierno se dedicó a manchar a la jueza.

La doctora Sarmiento aseguró ayer públicamente que nunca fue notificada de tales imputaciones.

En el expediente penal, sólo hubo pedidos de indagatoria del fiscal, pero nunca le fueron comunicados al imputado. Y, ayer, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, no pudo acreditar que ella sabía de las acusaciones. Apenas atinó a decir que hubo un artículo de Página 12 que daba cuenta de la existencia de esa causa. Un argumento endeble para acusar a un juez.

En última instancia, ningún hijo es responsable de los hechos de sus padres ni los actos de éste lo inhabilitan para ser juez o presidente, o ejercer cualquier otro cargo.

Sarmiento, a comienzos de año, tuvo que resolver un expediente y obró como a su entender le indicaba la Constitución nacional. Otros jueces resuelven en favor del Gobierno. Ninguno de ellos debería estar expuesto a ser presionado por la Casa Rosada o por la oposición.

El Poder Ejecutivo, aun cuando quiera hacer justicia por violaciones de los derechos humanos, ayer bastardeó la nobleza de esa causa con fines políticos mezquinos, desacreditó a la magistrada e intimidó al Poder Judicial. Un costo muy alto para las instituciones.