ROQUETAS DE MAR.- El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha debatido este jueves sobre la revisión de precios del contrato de basura y limpieza viaria, que ha vuelto a aumentar la cuantía que la empresa concesionaria Urbaser recibe por parte de la ciudad, “pese a sus incumplimientos”, según ha denunciado el concejal socialista, Rafael Torres.

Torres ha afeado la “connivencia” del equipo de Gobierno con la empresa, al aprobar subidas en el precio del contrato pese a sus numerosos incumplimientos y a los atrasos en los pagos a los trabajadores, que ya motivaron una dura huelga en plena Semana Santa este año. “Espero que esta nueva subida sirva para pagar el dinero que se le debe a los trabajadores”, ha dicho el concejal socialista, que ha recordado que el pago de ese dinero antes de que terminara este año fue una promesa del alcalde y la empresa para acabar con la huelga.

Desde el PSOE se han denunciado los numerosos incrementos de los precios del contrato, así como otros acuerdos como el alcanzado apenas unos meses después de firmarse, para eximir a la empresa de la reposición de los contenedores a cambio de unas supuestas mejoras de maquinaria.

Desde 2018, año de la firma del contrato, el precio que pagan los roqueteros por el servicio ha pasado de 9,8 millones de euros a 11,8 tras la última revisión, con un valor del contrato que de 59 millones ya va por 88 millones.

“Entendemos que los costes suben y el precio se tiene que actualizar, pero es inevitable preguntarse si este esfuerzo que estamos haciendo todos los roqueteros para pagar el servicio de basura se corresponde con el servicio que recibimos a cambio”, ha dicho Torres tras asegurar que “Roquetas está hecha un asco”.

En este sentido, el edil socialista ha recordado que el contrato sigue sin cumplirse, mencionando cuestiones como el retraso en la apertura del punto limpio, que sigue sin entrar en funcionamiento pese a que debió abrirse en 2018, así como la falta de herramientas de control e información sobre el trabajo de la empresa, que fueron denunciadas por los propios técnicos municipales en un informe de 2024.

Por ello, Rafael Torres ha abogado por plantearse la remunicipalización del servicio para que la gestión sea más transparente y poder asegurarse de que lo que pagan los roqueteros se destina a los servicios fijados por escrito. Además, ha advertido que el PSOE exigirá auditorías que analicen las condiciones de cumplimiento de la concesionaria cuando se aborden  próximas revisiones de precios del servicio.